Se requiere de políticas públicas que incorporen la visión de especialistas para atender la problemática
Redacción Entorno Informativo
En 13 por ciento ha crecido la incorporación de menores al trabajo infantil en México, lo que implica alrededor de un millón de niñas, niños y adolescentes que se han sumado a esa actividad, lo que implica que en ocasiones abandonan sus estudios, por lo que se requiere de políticas públicas para hacer un diagnóstico de esta problemática.
Virginia Romero Plana, profesora investigadora del Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Sonora (Unison), dijo que esas políticas públicas deben incluir programas que se basen en las necesidades de los resultados obtenidos y, con ello, atender las demandas de los sectores más vulnerables
“Cuando hablamos de trabajo infantil, nos referimos a los niños que vemos limpiando vidrios en los cruceros, vendiendo golosinas y comida, hasta los que no se ven, como cuidando personas mayores, haciendo comida y el trabajo doméstico dentro del hogar.
“Los estados que están peor en México son los que sufren más pobreza y discriminación, y la brecha es más fuerte, suelen ser Oaxaca, Chiapas, Guerrero, algunas ocasiones Veracruz; Sonora en la escala se encuentra más o menos en la mitad y para ser un estado del norte implica que está muy mal”, aseguró.
Comentó que el trabajo infantil se puede definir como toda actividad que un niño, niña o adolescente no tendrían que asumir de acuerdo a la edad que tiene; habrá momentos, dijo, en que se comience con apoyar con ciertas actividades domésticas, pero no asumir la responsabilidad, pues no se tiene la madurez para enfrentar el compromiso.
Precisó que hay leyes específicas que abordan este problema social como la Convención Internacional de los Derechos de los Niños o cada país tiene leyes en contra del trabajo infantil, pues de este factor social se desprende también la trata de niñas y de niños, explotación sexual, explotación infantil y otras series de consecuencias.
Sobre combatirlo, señaló que es muy complejo, porque es una arista de toda una estructura llamada desigualdad, este concepto facilita que haya trabajo infantil al igual que muchas otras violencias en contra de las niñas, niños y adolescentes.
“Se puede abordar en cambiar la estructura económica, las desigualdades de género, por color de piel, de acceso a la educación; tiene que haber una serie de cambios estructurales en el sistema que poco a poco el trabajo infantil se empieza disolver; es consecuencia de la pobreza y de la violencia intrafamiliar”, sostuvo.
Normalmente, el trabajo infantil se presenta en países en vías de desarrollo donde hay mayor pobreza, menor impulso económico, existen más desigualdades en la brecha salarial, de género, a nivel educativo y de participación política. También se registra en países desarrollados, normalmente en grupos o en familias que suelen ser discriminadas por vivir en extrema pobreza y que es una salida para apoyar el núcleo familiar.
Por parte de los gobiernos, siempre hay una mirada al trabajo infantil porque es la parte de sensibilización de la pobreza; sin embargo, las políticas públicas, a pesar de que llevan una fuerte carga de sensibilización y de querer cambiar la situación, no tienen tanto impacto porque están eliminando una consecuencia y no están eliminando la causa, afirmó.
“Las políticas públicas que han existido se han dirigido un poco dentro de los marcos contextuales de pobreza, apoyar a la familia, canasta básica, una beca y que la economía familiar sea un poco más holgada para que niñas y niños no tengan que salir a la calle, el problema es que no se le da seguimiento y causa asistencialismo”, externó.
Romero Plana especificó que, desde la Universidad, a través del Departamento de Trabajo Social, se pretende acompañar a esas familias para que tengan mejores condiciones, cambien sus dinámicas dentro de la propia unidad doméstica, y así las niñas y niños no tengan que hacer este tipo de trabajo, ni responsabilizarse de cosas que no les competen, sino de jugar y de aprender.
Destacó la importancia de que profesionales en trabajo social intervengan en la construcción de las políticas públicas al ser quienes están de manera directa con la población y saben cuáles son las necesidades que más demandan; además, que se hagan diagnósticos para determinar el impacto y las variantes de los programas.
“No debemos descriminalizar el trabajo infantil, debemos de verlo como consecuencia que hemos creado por el sistema desigual en el cual se vive”, concluyó.
