Este martes se manifestaron integrantes del Comité de la Cuenca del Río Sonora y develaron un “antimonumento de la vergüenza” en la Plaza Emiliana de Zubeldía
Ivanova de los Reyes
Tras cumplirse 10 años del ecocidio registrado en el Río Sonora por la minera Buenavista del Cobre perteneciente al Grupo México, sigue pendiente la remediación de daños, tanto ambiental como de salud de los 22 mil habitantes de ocho municipios afectados, por parte de la empresa responsable.
Integrantes del Comité de la Cuenca del Río Sonora se manifestaron este martes en la Plaza Emiliana de Zubeldía de esta ciudad, donde dieron lectura a un posicionamiento y develaron un “antimonumento de la vergüenza”, con una placa narrando el daño ambiental ocurrido en 2014, y la impunidad, inacción, y complacencia con complicidad de las autoridades por la contaminación que a la fecha sigue impune.
Martha Patricia Velarde Ortega, integrante del Comité de la Cuenca del Río Sonora, señaló que no ha habido avances palpables sobre la remediación de daños, toda vez que no se han cristalizado las acciones.
“No puede ser que en 10 años teniendo un camino libre de todo, con un amparo concedido desde el 2020 después de cuatro años y medio, el Estado no tenga el poder suficiente para someter a la empresa y se responsabilice de sus acciones. No podemos hablar de un saldo bueno, la salud es cada vez más deteriorada, más muertes, se ha quedado todo en el discurso”, dijo.
Refirió que sólo hay dos plantas potabilizadoras que funcionan intermitentemente, una en San Rafael de Ures y la otra en Bacanuchi, municipio de Arizpe, y se han gastado más de 49 millones de pesos en proyectos sin cristalizar, pese a que la Comisión Estatal del Agua (CEA), dijo que para diciembre de 2023 iban a tener rehabilitadas las seis plantas y construidas cuatro más en los municipios donde había plantas móviles.
“Todos sabemos y hemos defendido siempre que se prometieron 37 plantas potabilizadoras las cuales de haberse construido en su momento no estaría provocando estos gravísimos problemas de salud que estamos padeciendo actualmente en el Río Sonora”, expresó.
También están exigiendo que se reabra la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental (UVEAS) en Ures, que dejó de funcionar en 2019, pues recordó que el Comité Técnico del Fideicomiso en 2014 autorizó 279 millones de pesos para su construcción y la atención especializada en toxicología y especialidades anexas necesarias por un período de 15 años, y quedó en obra negra.
Fue el seis de agosto de 2014 cuando se derramaron 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado (CuSO4) en el Arroyo Tinajas del Municipio Cananea, fluyendo desde los ríos Bacanuchi y Sonora hacia la presa El Molinito.
Las altas concentraciones de metales pesados como cobre, arsénico, aluminio, cadmio, cromo, hierro, manganeso y plomo encontrados a lo largo de los ríos rebasaron los límites establecidos en la Norma Oficial Mexicana, dañando la calidad del agua del río.
Esto derivó en la clausura de 322 pozos y norias, ubicados a 500 metros del margen del río Sonora, 72 de ellos de uso humano y el resto, agrícola y pecuario.
