El exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, sufrió un nuevo revés en su intento por obtener un nuevo juicio en Estados Unidos por cargos de narcotráfico. Un juez federal rechazó su solicitud tras descubrirse que García Luna presuntamente intentó sobornar a otros presos para que hicieran declaraciones falsas en su favor.
Según reveló la fiscalía, García Luna habría tratado de influir en sus compañeros de celda para que proporcionaran testimonios que apoyaran su causa. Estas acusaciones están respaldadas por pruebas que incluyen notas escritas a mano por un excompañero de celda y una grabación encubierta de una conversación entre el exfuncionario mexicano y otro reo. Aunque los abogados de García Luna argumentaron que las pruebas eran ambiguas y que las acusaciones carecían de fundamento, el juez de Distrito Brian Cogan consideró las pruebas como creíbles.
“Este fue un intento claro del acusado de obstruir la justicia mediante soborno”, escribió Cogan en su fallo.
Además de rechazar la solicitud de un nuevo juicio por el intento de soborno, el juez también desestimó otros argumentos presentados por la defensa. Entre ellos, las afirmaciones de que algunos testigos de la fiscalía habían dado testimonios falsos durante el juicio, y que la defensa no había recibido información crucial que la fiscalía estaba obligada a entregar.
El abogado defensor de García Luna, César de Castro, expresó su profunda decepción con la decisión del tribunal, señalando que “el tribunal no abordó problemas fundamentales con esta acusación”.
En su intento por anular el veredicto, la defensa presentó la declaración jurada de un recluso que afirmó haber conocido a un testigo de la fiscalía en una cárcel federal de Brooklyn antes del juicio. Según el reo, el testigo había prometido “arruinar” a García Luna con su testimonio y había tenido conversaciones telefónicas con otro testigo del gobierno, utilizando un celular contrabandeado.
La defensa sostuvo que estos comentarios respaldaban su teoría de que García Luna había sido incriminado por miembros de cárteles y funcionarios corruptos que buscaban beneficios legales. También argumentaron que las presuntas conversaciones telefónicas podrían haber contradecido la postura de la fiscalía de que los testigos no habían tenido contacto durante años y, por lo tanto, no habían coordinado sus testimonios.
Sin embargo, la fiscalía respondió en un documento presentado en marzo, señalando que el reo que hizo la declaración jurada sufría de un trastorno psicótico con alucinaciones. Además, los testigos negaron haber tenido las comunicaciones alegadas por la defensa, según la fiscalía.
