Roberto Javier, era agente de la Policía Municipal y se desempeñaba como inspector de Protección Civil, mientras que Gibran Adrián es agente activo y Juan Carlos, expolicía de la misma corporación
Redacción Entorno Informativo
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) formuló imputación en contra de Roberto Javier, de 43 años; Juan Carlos, de 52 y Gibrán Adrián, de 36 años de edad, por su probable responsabilidad por los delitos de secuestro agravado y extorsión agravada.
De acuerdo con la carpeta de investigación iniciada por el agente del Ministerio Público, los señalados figuran como los probables responsables por los mencionados delitos, cometidos en perjuicio de César Alejandro, ocurrido en diciembre de 2021.
Dichos hechos consistieron en la supuesta detención de la víctima por presuntos delitos patrimoniales, misma por la cual solicitaron a la familia del afectado una suma de dinero para su liberación.
Es de señalarse que Roberto Javier, a la fecha de los hechos, fungía como elemento municipal, siendo en la actualidad inspector de Protección Civil para el Municipio de Cajeme, mientras que Gibrán Adrián, es elemento activo de la Policía Municipal en Ciudad Obregón, y por último, Juan Carlos, es ex elemento de la misma corporación, ahora en retiro.
Los tres sujetos contaban con orden de aprehensión otorgada por el juez de control correspondiente, debido a que se logró acreditar la probable responsabilidad de los delitos cometidos, y fueron capturados en distintos puntos de Ciudad Obregón por elementos ministeriales, quienes los turnaron ante la autoridad conducente.
Durante las audiencias iniciales, se formuló imputación por parte de esta representación social por los hechos señalados y el representante del Poder Judicial determinó imponer prisión preventiva justificada como medida cautelar a los señalados, a reserva de que en futuras audiencias los tribunales determinen su situación jurídica.
Por su parte, la corporación buscará la vinculación a proceso y, en audiencias subsecuentes, una sentencia condenatoria, a fin de dejar en claro la prioridad de la FGJES en lograr el acceso a la justicia para las víctimas del delito.