El aumento en las adicciones ha provocado problemas de recursos en un sector salud frágil y más enfermo que sus derechohabientes.
La verdad sea dicha, a pesar del impacto nocivo en la sociedad, la atención y prevención de dependencia a drogas es limitada, no existe política pública alguna para enfrentar un lastre tan pesado como destructivo en los tiempos actuales de ahí la relajada aplicación de la Ley en los llamados anexos.
Son centros que han hecho lo que el gobierno no puede, reciben a cientos de personas en lugares donde dan esperanza de recuperación y nueva vida a quienes pareciera que lo han perdido todo.
Algunos centros de rehabilitación cuentan con espacios adecuados, otros no tanto, unos tienen especialistas y siguen la pauta marcada por la Organización Mundial de la Salud en cuanto a criterios de desintoxicación, tratamiento, acompañamiento en el proceso y hay lugares en los que no hay garantía alguna.
Todos operan al margen de las disposiciones legales, en Guaymas y Empalme sólo dos tienen permiso y está vencido, el resto tiene el registro en trámite con una autoridad que lo permite porque no puede sola y aún con deficiencias, los de nominados anexos sirven en la atención a personas con adicciones presentando casos de éxito, oportunidades de desarrollo y recuperación a adolescentes, jóvenes y adultos.
Lo malo es que la falta de regulación genera vacío tal que existe el riesgo de violar la Ley y derechos humanos o peor aún, de provocar problemas más graves en familias que lo único que buscan es ayudar a sus seres queridos presas de las drogas, por eso es necesario que el gobierno intervenga y supervise los centros de rehabilitación además de darles apoyo al menos con especialistas o equipo porque con todo e irregularidades, durante años han sido el único apoyo para atender adicciones en este municipio y algunos merecen continuar con la labor en un marco legal adecuado y seguro.
