Detienen a Ricardo Márquez Blas, alto funcionario de la Suprema Corte, acusado de violación

Detienen a Ricardo Márquez Blas, alto funcionario de la Suprema Corte, acusado de violación

Elementos de la Policía de Investigación (PDI) arrestaron a Ricardo Márquez Blas, coordinador de Fortalecimiento Institucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), acusado de violar a una trabajadora dentro de las instalaciones del máximo tribunal. La captura se realizó la tarde del martes 22 de octubre en la calle República de Uruguay, ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México. Tras su detención, Márquez Blas fue trasladado al Reclusorio Oriente.

El caso se originó hace dos meses, cuando una trabajadora de la SCJN presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público, acusando a Márquez Blas de violación. La denunciante también aportó como prueba varios mensajes de WhatsApp en los que el acusado presumía de tener contactos influyentes dentro de la Corte.

Este no es el primer escándalo que rodea a Márquez Blas. El año pasado, el ex presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó a la ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña, por emplear a Márquez Blas, a quien vinculó con Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública condenado a 38 años de prisión en Estados Unidos por cargos relacionados con el narcotráfico. López Obrador también intentó abrir una investigación para determinar si Márquez tenía alguna carpeta de investigación activa por sus presuntas conexiones con García Luna.

Antes de asumir su puesto en la SCJN, Ricardo Márquez Blas fue titular del Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) durante el gobierno de Felipe Calderón, periodo en el que García Luna dirigía la Secretaría de Seguridad Pública.

En su actual posición como coordinador de Fortalecimiento Institucional de la Suprema Corte, Márquez Blas percibe un sueldo neto mensual de 122 mil 851 pesos. Su nombramiento es parte de una reorganización implementada por la ministra Norma Piña, quien reestructuró áreas clave de administración, seguridad y logística dentro del tribunal.

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