El Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la Organización de las Naciones Unidas ha implementado por primera vez en su historia el mecanismo contemplado en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, señalando directamente a México como país en el que este delito se comete de forma sistemática y generalizada.
La decisión fue anunciada por el presidente del Comité, Olivier de Frouville, al término del vigésimo octavo periodo de sesiones del organismo, marcando así un punto de inflexión en la respuesta internacional frente a la crisis de derechos humanos que vive el país.
Según establece dicho artículo, cuando el Comité recibe datos con fundamentos sólidos que sugieren una práctica reiterada de desapariciones forzadas en un Estado parte, puede activar este protocolo especial, considerado por el propio Comité como “el más extremo” dentro de sus herramientas de vigilancia. La información recibida, según de Frouville, cumple con todos los criterios exigidos para poner en marcha esta medida, lo cual constituye un hecho inédito en la historia del organismo.
En los próximos días, el CED solicitará al gobierno mexicano información detallada sobre la situación, como primer paso hacia un diálogo que, en teoría, debería conducir a la aplicación efectiva de la Convención. No obstante, si el escenario no muestra mejoras sustanciales, el Comité podría escalar el asunto ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, a través del Secretario General.
Las desapariciones forzadas en México han sido señaladas como una crisis estructural por distintas instancias nacionales e internacionales. Ya en 2021, durante una visita al país, el Comité había alertado sobre la magnitud del problema y emitido recomendaciones que incluían la creación de una Política Nacional para Prevenir y Erradicar las Desapariciones. Pese a ello, organizaciones civiles insisten en que las medidas sugeridas no se han materializado.
El anuncio del CED fue recibido con preocupación, pero también como un respaldo moral por colectivos que luchan por la memoria y justicia. El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) calificó la medida como “inédita” y subrayó su relevancia para visibilizar internacionalmente el sufrimiento de miles de familias mexicanas. A través de un mensaje en la red social X, el organismo destacó que este reconocimiento por parte de la ONU deja clara “la gravedad de la situación en México”.