Desde este jueves 17 de abril de 2025, Michoacán se une a la lista de estados que han tomado medidas concretas contra la difusión de narcocorridos en espectáculos abiertos al público. La nueva normativa, impulsada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, fue dada a conocer el pasado 14 de abril durante su conferencia semanal como parte de una estrategia estatal para frenar la violencia.
En su anuncio, Ramírez Bedolla sostuvo que “no es posible que en estos eventos se quiera presumir como grandes personas a los delincuentes”. El decreto, sin embargo, no interfiere con la libertad de escuchar este tipo de música en espacios privados, como casas o vehículos.
El gobernador previó que la decisión podría enfrentar impugnaciones legales, y aprovechó para lanzar una crítica al Poder Judicial Federal, acusándolo de contribuir indirectamente al auge de la violencia por permitir la reproducción de contenidos que glorifican a criminales.
La decisión de Michoacán se suma a una tendencia nacional en la que diversas entidades han restringido la presencia de narcocorridos en el espacio público a través de reglamentos municipales o decretos estatales.
En Cancún, Quintana Roo, desde mayo de 2023 se han negado permisos a conciertos que promuevan al crimen organizado, amparándose en el Bando de Policía. Chihuahua capital, por su parte, vetó desde julio de 2023 los corridos tumbados y letras que inciten a la violencia o la misoginia, afectando a figuras como Peso Pluma y Natanael Cano.
En Tijuana, Baja California, se aplicó una restricción parcial en noviembre del mismo año, limitando su difusión solo en eventos públicos. Nayarit también se sumó a esta ola con un decreto en febrero de 2025, prohibiendo estos contenidos en espacios como ferias, estadios y plazas, buscando proteger a los jóvenes de la influencia del crimen organizado.
Más recientemente, Querétaro acordó con sus municipios frenar cualquier evento que fomente la apología del delito, mientras que Jalisco propuso una iniciativa para reformar reglamentos municipales y sancionar este tipo de expresiones. En Aguascalientes, la Feria Nacional de San Marcos motivó una reforma para castigar con cárcel la exaltación del delito en medios y espectáculos. Por su parte, el Estado de México exhortó a los gobiernos locales a tomar medidas similares y advirtió que podrían abrirse carpetas de investigación en caso de violaciones al Código Penal.
A nivel federal, la presidenta Claudia Sheinbaum ha dejado claro que su administración no pretende prohibir géneros musicales, sino impulsar una transformación cultural. En recientes declaraciones, aseguró: “No se trata de censurar”, sino de “promover que la música tenga otros contenidos” que no inciten a la violencia, el narcotráfico o la misoginia. Añadió que este cambio debe ser “un proceso educativo, informativo, donde todos tenemos que contribuir”.