La Suprema Corte de Estados Unidos desechó por unanimidad la demanda presentada por el gobierno mexicano contra fabricantes de armas estadounidenses, la cual buscaba responsabilizarlos por facilitar el tráfico ilegal de armas que ha contribuido al aumento de la violencia en México. La resolución, redactada por la jueza liberal Elena Kagan, concluyó que México no presentó pruebas suficientes para sostener que los fabricantes actuaron de manera deliberada para fomentar el comercio ilícito hacia territorio mexicano.
“La demanda de México no alega de manera plausible que los fabricantes de armas acusados ayudaron e instigaron las ventas ilegales de armas de fuego por comerciantes a los traficantes mexicanos”, escribió la jueza Kagan en nombre de los nueve integrantes del máximo tribunal.
La demanda, iniciada en 2021 en una corte federal en Massachusetts, señalaba a empresas como Smith & Wesson por supuestamente no ejercer un control adecuado sobre la distribución de sus productos, permitiendo su desvío hacia redes criminales en México. Aunque la Corte reconoció el grave problema de violencia armada que enfrenta el país latinoamericano, determinó que no se demostró que los fabricantes brindaran una “asistencia generalizada, sistemática y culpable” a traficantes ilegales.
Pese al fallo adverso, el gobierno mexicano no descarta nuevas acciones legales. Pablo Arrocha Olabuenaga, asesor legal de la Cancillería, expresó que aunque el resultado es decepcionante, se sienten respaldados por la solidez de su argumento y el apoyo nacional e internacional. Anunció que el gobierno continuará con demandas paralelas, como la que está en curso contra comerciantes de armas en Arizona, y que también recurrirá a foros multilaterales como la ONU, la OEA y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Por su parte, Jonathan Lowy, abogado de México y presidente de Acción Global contra la Violencia de Armas, enfatizó que si bien la Corte no respaldó los señalamientos actuales, tampoco aceptó la interpretación de los fabricantes de que están completamente exentos de responsabilidad. “El tribunal no disputó las afirmaciones detalladas de México de que la industria armera de Estados Unidos deliberadamente suministra el flujo de armas criminales para lucrar de este mercado criminal”, subrayó.
La industria armamentista celebró el fallo. Noel Francisco, abogado defensor de los fabricantes, declaró en LinkedIn: “Estamos agradecidos porque la Suprema Corte está de acuerdo de que no somos legalmente responsables de criminales que mal usan el producto para dañar a personas, y mucho menos que sea contrabandeado a México para ser utilizado por cárteles de droga”.
Diversas organizaciones estadounidenses que trabajan contra la violencia armada respaldaron la iniciativa legal del gobierno mexicano. Nick Wilson, experto en políticas de seguridad y miembro del Center for American Progress, señaló que este fallo “aunque no es suficiente, al menos rechazó la solicitud de la industria armamentista de blindarse por completo ante cualquier posible responsabilidad”.
En esencia, la decisión judicial pone fin a esta demanda en particular, pero deja una puerta abierta para que México regrese a los tribunales con una argumentación más robusta. La batalla legal por frenar el flujo de armas a través de la frontera sur de Estados Unidos está lejos de haber concluido.