El Gobierno de la Ciudad de México ha anunciado la promulgación del “Bando Uno”, una medida destinada a contener la especulación inmobiliaria y prevenir el desplazamiento involuntario de habitantes. Esta proclama implica la elaboración de un plan que busca estabilizar las rentas y proteger los derechos de los ciudadanos capitalinos.
Entre los puntos más sobresalientes de la iniciativa, se propone que el incremento anual del alquiler de viviendas se ajuste a la inflación, una condición ya presente en el Código Fiscal local. Asimismo, se refuerza la regulación de los alquileres temporales y de plataformas digitales como Airbnb. La propuesta incluye la creación de una defensoría pública de los derechos de los inquilinos, con el fin de ofrecer respaldo legal, mediación y defensa contra abusos o desalojos ilegales. También se contempla la presentación de una iniciativa de ley para regular los costos del alquiler.
De esta forma, se establecerá un índice de precios de renta razonable y se identificarán zonas de tensión inmobiliaria. Para ello, se considerarán diversas variables como el valor catastral, la ubicación, las características físicas de la propiedad, y la proporción de ingresos y gastos en la zona, según informó el secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton Falcón, quien detalló que su dependencia coordinará la creación de este índice.
Como parte del bando, también se implementará un plan maestro que incluirá políticas para fomentar el arraigo comunitario, combatir la especulación inmobiliaria, regular las viviendas de ocupación temporal y promover la construcción de casas asequibles. Adicionalmente, se lanzará un programa de arrendamiento dirigido a jóvenes, madres solteras, adultos mayores y trabajadores.
Este plan se aplicará inicialmente en colonias como Condesa, Hipódromo Condesa, Hipódromo Juárez, Roma Norte, Roma Sur, Doctores, Buenos Aires, Escandón y San Miguel Chapultepec. En estas áreas, los precios por metro cuadrado oscilan entre 51 mil y 54 mil pesos, y se ha registrado un aumento de unidades de corta estancia en los últimos cinco años.
Asimismo, se buscarán acciones correctivas en estos polígonos, que abarcan 17 mil 376 predios, más de mil 170 hectáreas y 910 manzanas. Las autoridades afirmaron que habrá intervenciones en zonas de tensión inmobiliaria para detener la especulación y fomentar la producción de vivienda asequible, ofreciendo facilidades administrativas a desarrolladores y constructores que edifiquen viviendas de interés social, popular o sustentable.