A 11 años del ecocidio del Río Sonora; La salud de los más de 22 mil habitantes de ocho municipios afectados sigue en riesgo, señalan representantes de la Cuenca del Río Sonora
Ivanova de los Reyes
A 11 años del ecocidio registrado en el Río Sonora y Bacanuchi por la minera Buenavista del Cobre perteneciente al Grupo México, sigue pendiente la remediación de daños, ambiental y de salud de los 22 mil habitantes de ocho municipios afectados, señalan representantes de la Cuenca del Río Sonora.
Integrantes del comité de la Cuenca del Río Sonora dieron lectura a un posicionamiento donde denuncian el abandono de las autoridades estatales y federales en la remediación de la contaminación del río ocurrido el seis de agosto del 2014.
Martín Valenzuela, representante de los habitantes del municipio de Ures, señaló que a 11 años del ecocidio los habitantes del Río Sonora siguen tomando agua contaminada, no tienen acceso a un sistema de salud especializado, y las secuelas sociales crecen cada año bajo la total indiferencia de las autoridades, quienes priorizan la construcción de presas, por encima de la urgencia ambiental que prevalece en la Cuenca.
Resaltó que el gobierno federal ha reconocido públicamente que en 2014 los funcionarios actuaron en contubernio y complicidad con grupo México simulando la reparación de los daños y dando carpetazo al caso lo que los coloca en una posición de corresponsables de los daños ocasionados al ambiente y a la salud humana.
“Hace ya cuatro años que las autoridades federales tienen evidencia oficial de la presencia de metales pesados en la población del río Sonora y hace dos años qué cuentan con un dictamen oficial de Semarnat qué comprueba la persistencia de la contaminación ambiental, y a la fecha, no existen proyectos de atención a la salud, ni tenemos acceso a agua limpia, no hay voluntad política”, expuso.
Subrayó que el Estado mexicano está obligado a garantizar los derechos humanos y a hacer que la minera Buenavista de Grupo México cumpla con su responsabilidad de remediar el daño ocasionado los habitantes de los municipios de la cuenca del Río Sonora por el derrame de metales pesados, lo cual está incumpliendo.
Entre las demandas que plantearon a las autoridades están: la calendarización inmediata de un plan integral de atención a la salud de las comunidades afectada; la construcción de un hospital multidisciplinario que cubra los tres niveles de atención médica para enfermedades ambientales y tóxicas, así como la instalación de una unidad de vigilancia epidemiológica permanente en Ures.
Además, exigieron la funcionalidad total de 30 plantas potabilizadoras con filtros especiales para metales pesados, pues afirmaron que los pozos siguen contaminados.
Asimismo, exigieron la implementación de un programa de remediación ecológica del Río Sonora, con base científica y la participación activa de la comunidad, y se nombren responsables institucionales, se asigne presupuesto, y se incluya un cronograma público de cumplimiento.
Posteriormente, se realizó una velación en memoria de integrantes del comité que fallecieron a la espera de la remediación de daños por la contaminación ambiental.