En la primera sesión en la que estuvo la presidenta Claudia Sheinbaum, además legisladores, el presidente Hugo Aguilar dijo que se reinicia el Poder Judicial Federal
Agencias
Los nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rindieron protesta en el Salón de Plenos de la Cámara de Senadores, en una sesión solemne.
Laura Itzel Castillo, presidenta del Senado, tomó protesta constitucional a Hugo Aguilar Ortiz, Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf, María Estela Ríos González, Giovanni Azael Figueroa Mejía, Irving Espinosa Betanzo, Arístides Rodrigo Guerrero García y Sara Irene Herrerías Guerra, como ministros de la Suprema Corte
Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación; Ernestina Godoy Ramos, consejera jurídica de la Presidencia de la República, y la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, presidenta de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) estuvieron presentes durante la rendición de protesta de los nuevos magistrados de la Suprema Corte.
Anuncian austeridad
La llamada “nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)” quedó instalada la noche del 1 de septiembre, en una sesión solemne que reunió a los titulares de los tres Poderes del Estado tras tres años de ruptura en su relación, encabezados por la presidenta Claudia Sheinbaum.
En su primer discurso, el nuevo ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, anunció medidas de austeridad en el máximo tribunal y la revisión de las pensiones de los ministros en retiro, a fin de verificar que “se ajusten a la ley”.
Frente a invitados especiales y a los otros ocho ministros del Pleno, Aguilar Ortiz afirmó que a partir de este día “se reinicia” el Poder Judicial de la Federación (PJF) para que este imparta justicia para todos y no dejará fuera a nadie.
Aguilar Ortiz detalló su plan de austeridad -del que dijo fue acuerdo de los nueve integrantes del Pleno- e indicó que busca eliminar privilegios en la SCJN y reasignar recursos al funcionamiento de los tribunales.
Anunció que todos los juzgadores electos ganarán menos que la presidenta de la República, lo que generará un ahorro inicial de 300 millones de pesos anuales, además de revisar y ajustar las percepciones de funcionarios judiciales que rebasan ese tope, con lo que se prevé alcanzar un ahorro cercano a 800 millones de pesos adicionales.