Catorce personas, entre ellas un vicealmirante de la Secretaría de Marina (Semar), un exjuez federal y varios empresarios, fueron detenidas en un operativo relacionado con el decomiso de más de 10 millones de litros de diésel en el puerto de Tampico, Tamaulipas, en el mes de marzo. La red, que se dedicaba al tráfico y traslado ilegal de hidrocarburos, utilizaba empresas fachada, documentos falsos y contactos en diversas instituciones para comercializar combustible robado en grandes volúmenes.
Las autoridades federales, incluyendo la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Semar y la Fiscalía General de la República (FGR), informaron que entre los arrestados destaca la figura de Manuel Roberto Farías Laguna, vicealmirante de la Marina y sobrino político del exsecretario de la institución, José Rafael Ojeda Durán. A Farías Laguna se le acusa de implicación directa en el tráfico de hidrocarburos, siendo el servidor público naval de más alto rango involucrado en un caso de huachicol hasta la fecha.
Otra de las figuras centrales en la red es Anuar González Hemadi, un exjuez federal destituido por corrupción. González Hemadi, quien es reconocido por el polémico caso de “Los Porkys” en Veracruz, donde autorizó un amparo a favor de uno de los acusados de violación, fue reclutado por la empresa Mefra Fletes como apoderado legal. Esta compañía ha sido señalada como el eje logístico del caso de huachicol fiscal.
El grupo de detenidos también incluye a operadores estratégicos y administradores como Héctor Manuel N., apoderado legal de Mefra Fletes, y José N., un operador financiero de la red. Ambos, junto a Francisco Javier N., exdirector administrativo de la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) en Tampico, articularon la estructura empresarial que facilitó el trasiego de los hidrocarburos.
La FGR, a cargo de Alejandro Gertz Manero, informó que la investigación inició a raíz de las denuncias presentadas por el almirante José Rafael Ojeda Durán, cuando era titular de la Semar. Gertz Manero reconoció el papel del exsecretario en la detección y señalamiento de las conductas ilícitas, y destacó que su colaboración fue crucial para recabar pruebas e identificar a los funcionarios y particulares implicados. Las autoridades aseguraron que habrá más órdenes de aprehensión y que están en coordinación con autoridades de Estados Unidos para rastrear los flujos de capital ilícito.