El gobierno federal enviará el próximo lunes al Congreso de la Unión dos iniciativas de reforma para poner fin al mercado negro del agua. Las propuestas buscan no solo regular el uso del líquido, sino también incrementar las sanciones por delitos hídricos, incluyendo la figura de la extinción de dominio.
Esta acción responde a una revisión exhaustiva de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), que detectó 58,789 irregularidades en los títulos de concesión. El director del organismo, Efraín Morales, aseguró que las anomalías abarcan desde la duplicidad o falsificación de documentos y el acaparamiento, hasta el uso del recurso para un propósito distinto al autorizado y el robo del líquido. Incluso, se encontraron coordenadas de ubicación en países extranjeros, como Tailandia, o en el mar. Estas fallas han generado “un proceso de sobreconcesionamiento en varias regiones del país, lo que ha generado un mercado negro del agua”.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que el proceso de revisión cubrió el 90 por ciento de los 536 mil títulos que se otorgaron desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, momento en el que, según la mandataria, inició la mercantilización del recurso. El objetivo, afirmó, es “poner orden” y asegurar que el Estado sea quien regule las licencias del recurso, eliminando la práctica de la transmisión entre particulares que genera millones de pesos.
Morales indicó que se reformará la Ley de Aguas Nacionales para “fortalecer las facultades de la autoridad y generar una mejor rectoría del Estado”, mientras que una nueva legislación general se expedirá para reglamentar el derecho humano al recurso, como lo establece el Artículo 4 de la Constitución. El propósito es “acabar con este mercado negro y que el agua que no se está utilizando regrese al dominio de la nación, para que sea la que determine la viabilidad de otorgar estos títulos”.
El subdirector general de Administración del Agua, Mauricio Rodríguez Alonso, detalló los hallazgos en la revisión, señalando que existen tres bases de datos de concesiones incompatibles, con registros duplicados e información incompleta, lo que ha resultado en 145 mil trámites rezagados.
Entre las irregularidades, se detectaron 197 licencias destinadas al uso público urbano (para el suministro municipal) que están siendo explotadas por particulares. De igual forma, 272 títulos con uso agrícola (libres de pago al ser destinados a la producción de alimentos) son utilizados para “hoy son complejos industriales, balnearios y club de golf”. Rodríguez Alonso también mencionó la venta ilegal de agua en pipas a precios que oscilan entre 2 mil y 3 mil pesos, así como el “robo y despojo de agua” mediante pozos clandestinos.
Además, 29,539 licencias carecen de certeza en su fecha de vencimiento y 18,753 presentan inconsistencias en su ubicación. De igual forma, el funcionario indicó que existen concesiones con doble registro de usuario en municipios distintos, confirmando la falsificación de documentos “específicamente en los lugares donde los acuíferos son deficitarios; se repiten en el centro y el norte del país”.
El gobierno analiza un nuevo catálogo de sanciones, con una propuesta que busca aplicar una multa mínima de 50 mil Unidades de Medida y Actualización. Conagua mantiene un portal de denuncias ciudadanas (https://app.conagua.gob.mx/podan/) y, hasta la fecha, ha realizado 3,912 visitas de inspección y 490 clausuras.
Morales resaltó que se han logrado desprivatizar 4,475 millones de metros cúbicos de agua, una cantidad equivalente al suministro de cuatro años para la Ciudad de México. Además, la recaudación ha mostrado un incremento de 2,938 millones de pesos, al pasar de 19,410 millones en agosto de 2024 a 22,349 millones el mes pasado. Finalmente, en los primeros días de octubre se publicará el Decreto de Facilidades Administrativas para otorgar certeza jurídica a las concesiones de pequeños productores agrícolas y pecuarios, así como a estados y municipios.