Durante una sesión nocturna, el Senado de la República dio luz verde, con la incorporación de ajustes, a la iniciativa propuesta por el Ejecutivo en materia de amparo. Esta enmienda busca la modernización y el reforzamiento de este recurso legal de defensa ciudadana, a la vez que se propone eliminar los excesos que se han presentado, particularmente en lo referente a los créditos fiscales.
La reforma reglamentaria a los artículos 103 y 107 de la Constitución fue aprobada por 76 votos a favor de Morena y sus aliados, frente a 39 votos en contra de la oposición. Pese a que la propuesta original del presidente sufrió modificaciones sustanciales, los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC) consideraron los cambios insuficientes y criticaron la rapidez del proceso, pues la iniciativa se aprobó en comisiones por la mañana y en el pleno por la noche, durante una segunda sesión.
Cerca de la medianoche, en la etapa de discusión en lo particular y en medio de las protestas de los opositores, se aprobó una reserva introducida por Morena. Dicha reserva reincorporó un artículo primero transitorio que el partido guinda había eliminado horas antes, el cual establece que los juicios de amparo ya en curso continuarán su trámite hasta su conclusión, pero se seguirán rigiendo por las nuevas disposiciones. Priístas, panistas y emecistas calificaron esta medida como una aplicación retroactiva de la ley.
Los presidentes de las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos, Javier Corral y Enrique Inzunza, respectivamente, destacaron que se integraron las sugerencias de juristas, académicos, autoridades y magistrados, logrando corregir aspectos cuestionados como el interés legítimo. A lo largo del debate, legisladores de oposición sostuvieron que la reforma ponía fin al juicio de amparo, mientras que los morenistas y sus aliados argumentaron que su objetivo era acabar con las arbitrariedades y los excesos que permitían la evasión fiscal, el descongelamiento de cuentas ligadas al lavado de dinero o la liberación de delincuentes. El senador Inzunza enfatizó que el amparo conserva “su espíritu original de límite y dique frente al abuso y la arbitrariedad”, aunque se evitará que se convierta en una herramienta exclusiva de las élites.
El senador Corral aclaró que el juicio de amparo se moderniza al incluir de forma clara el uso de herramientas digitales, si bien la vía electrónica será opcional para asegurar que nadie quede excluido por la falta de medios tecnológicos. Explicó también que el artículo quinto de la Ley de Amparo fue modificado para definir con mayor claridad la figura del interés legítimo, buscando evitar demandas basadas en intereses abstractos sin cerrar el acceso a la justicia para colectivos que demuestren afectaciones reales. Otro cambio importante se centró en la suspensión del acto reclamado, estableciendo límites en asuntos delicados como el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo, la deuda pública y las actividades sin concesión. Se estipula que la suspensión podrá denegarse cuando se comprometa el orden público y el interés social. También se modificó lo relativo a la inejecución de sentencias, para impedir que las autoridades o funcionarios responsables utilicen la “imposibilidad jurídica y material” como excusa para incumplir las resoluciones de amparo.
A pesar de las modificaciones realizadas, los senadores de oposición mantuvieron su postura por horas, insistiendo en que se había desmantelado el amparo y que colectivos ya no podrán defender la salud o el medio ambiente. La senadora Alejandra Barrales de MC lamentó que “No será posible detener obras, como se hizo con el Tren Maya”. Por su parte, el panista Raymundo Bolaños afirmó que la reforma únicamente protege a la autoridad al favorecer la recaudación estatal, quejándose de la eliminación del recurso de revocación en el pago de créditos fiscales y de que no se permita la suspensión provisional en cuentas bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera. En respuesta, el senador morenista Alejandro Murat cuestionó si la finalidad del amparo es defender a quienes narcos, secuestradores, o a quienes lavan dinero o sólo buscan evadir impuestos.