El coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia de la República, Arturo Zaldívar, denunció la existencia de una “campaña de desinformación” en contra de la reforma a la Ley de Amparo, acusando la participación de “empleados o abogados de deudores fiscales muy conocidos, comentócratas aliados al viejo sistema”, e incluso de jueces y magistrados “que se vieron afectados con la reforma judicial”.
Zaldívar afirmó que “no se puede engañar a la gente diciendo que es retroactivo algo que no lo es”, y sugirió que “quizás deberíamos ver a qué intereses responden quienes hoy critican esta reforma, que lo único que busca es hacer un juicio de amparo más ágil, más cercano, más claro y corregir algunos excesos” para facilitar el cobro de créditos fiscales.
El funcionario sostuvo que los ajustes a la ley buscan evitar que “ciertas personas utilicen una institución tan noble para fines ilícitos o al menos socialmente censurables”, pues con la reforma “se evita el abuso que se estaba haciendo con suspensiones para dificultar y obstaculizar el combate a lavado de dinero”. El coordinador abundó: “creo que todas y todos podemos estar de acuerdo que una institución tan noble como el amparo no puede servir para defender y proteger a gente que se dedica a lavar dinero y ser parte de la delincuencia organizada”.
Señaló que a los opositores “se les hace muy fácil simplemente descalificar… mienten deliberadamente”. Puso como ejemplo a uno de los magistrados críticos, quien “se dedicó a otorgar suspensiones generales, favoreciendo a empresas extranjeras en materia energética, violando la ley y generando muchos daños al país”.
En la “mañanera del pueblo”, Zaldívar reiteró que la reforma no posee carácter retroactivo. Subrayó que “Todas las etapas de los juicios de amparo en trámite que hayan concluido, es decir, la admisión de la demanda, la suspensión, la resolución de algún recurso ya no se pueden tocar”. No obstante, “las etapas futuras se regirán por las reformas a la Ley de Amparo; aquí no hay ninguna retroactividad y no se afecta ningún derecho de los justiciables”.
El coordinador resaltó que el amparo será ahora más moderno, ágil y expedito, especialmente para el cobro de créditos fiscales, cuyos procesos llegaban a durar años, lo que generaba “un daño enorme a la colectividad, a la sociedad, al pueblo de México”. Ahora, ante un crédito que sea firme, “las diferentes etapas del procedimiento de cobro no se pueden impugnar; se impugnará la resolución final, lo que no afecta la defensa de los particulares ni de los deudores”.
Aseguró que al final del procedimiento, los deudores podrán presentar todas las defensas que deseen, y si la autoridad cometió un error, el amparo se otorgará. En caso contrario, tendrán que pagar, logrando que el procedimiento se acorte varios años.
Ante las críticas, Zaldívar insistió en que “estamos inmersos en una campaña de desinformación en la que se busca hacer creer a la opinión pública que las reformas a la Ley de Amparo recientemente aprobadas son regresivas y limitan la defensa de las personas en relación con sus derechos”, algo que calificó como “absolutamente falso”. Concluyó que “Un gobierno que viene de una historia de defensa de la democracia y de los derechos humanos, no podría proponer reformas regresivas en materia de derechos humanos”.