Una suma global que asciende a los 9 millones 693 mil 574 pesos deberán pagar cinco fuerzas políticas nacionales tras la resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE). Durante su sesión ordinaria más reciente, la autoridad administrativa electoral centró su atención en diversas anomalías detectadas en los procesos de incorporación y retiro de ciudadanos de los registros partidistas, lo que derivó en penalizaciones económicas de distinta magnitud para las organizaciones involucradas.
En la distribución de estas multas, el partido Morena encabeza la lista con un monto de 5 millones 851 mil 334 pesos, seguido por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), al cual se le asignó un pago de 2 millones 739 mil 3 pesos. El organismo también dictaminó sanciones para el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) por 856 mil 780 pesos, para Movimiento Ciudadano por 184 mil 682 pesos y, finalmente, para el Partido Acción Nacional (PAN), cuya penalización se fijó en 61 mil 773 pesos.
Dichas determinaciones surgieron tras el desahogo de 54 Procedimientos Ordinarios Sancionadores (POS), los cuales evidenciaron que la gestión de la militancia sigue presentando fallas recurrentes. El análisis del cuerpo colegiado determinó que, en la mayoría de los casos, los partidos fueron incapaces de demostrar que las personas inscritas o dadas de baja lo hicieron por voluntad propia. Al respecto, el INE concluyó que los institutos políticos “vulneraron el derecho de libre afiliación o desafiliación de las personas denunciantes, al no aportar los elementos para comprobar que éstas se hayan hecho con el consentimiento de la ciudadanía”.
Por otro lado, el consejero Arturo Castillo Loza, en su calidad de presidente de la Comisión de Quejas y Denuncias, informó que la institución ha logrado un avance del 77% en el desahogo de los expedientes acumulados, resolviendo hasta la fecha 199 de los 257 casos pendientes. Asimismo, el pleno designó unánimemente a Blanca Cecilia Martínez Escobedo para integrarse como consejera del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ), cargo que desempeñará por un periodo de siete años a partir de este 19 de diciembre de 2025.
En la misma jornada, se revisó el panorama financiero de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) para el año 2025, identificando situaciones críticas en diversas regiones. El informe presentado advierte sobre riesgos presupuestales elevados en Baja California Sur, Coahuila, Ciudad de México, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas, mientras que Guerrero y Yucatán se encuentran en un nivel de riesgo moderado. En contraste, 17 entidades federativas mantienen condiciones de estabilidad para la operación de sus instituciones electorales.
Respecto a la conformación de los consejos locales, se analizó un reporte sobre inclusión y equidad que destaca el incremento en la representación de comunidades indígenas, afromexicanas y de la diversidad sexual. El consejero Martín Faz destacó la efectividad de las medidas adoptadas al señalar que “Las pautas de valoración vigentes, sí están contribuyendo a mover la integración de los órganos colegiados con mayor idoneidad”, aunque se reconoció que persiste el desafío de mejorar la participación de jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad.
Para cerrar la sesión, la Comisión de Organización Electoral presentó su balance anual de actividades de 2025, destacando el seguimiento a 52 áreas estratégicas. Entre los temas de mayor relevancia figuraron la planificación para la implementación del voto electrónico hacia la próxima década, la eliminación de documentación del Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial y el análisis de los mecanismos de voto anticipado, consolidando así la hoja de ruta técnica para los ciclos electorales venideros.