El gravamen del 8% que se pretendía aplicar a los videojuegos con temáticas violentas, contemplado originalmente en el Paquete Económico 2026, no será finalmente recaudado según lo informado este martes por la presidenta Claudia Sheinbaum. Durante su habitual encuentro matutino con la prensa, la titular del Ejecutivo federal confirmó la anulación de esta medida que formaba parte de las reformas a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), sentenciando que “Ya no se va a cobrar ese impuesto”.
La mandataria justificó este cambio de dirección al señalar la complejidad técnica y subjetiva que implica clasificar qué títulos de entretenimiento digital deben considerarse agresivos y cuáles no. Sheinbaum cuestionó la viabilidad de establecer un criterio de selección justo, argumentando que “Es muy difícil distinguir entre un videojuego que tiene violencia y uno que no. Entonces, ¿cómo le vas a poner un impuesto? ¿Quién va a determinar esa circunstancia?”. Bajo esta lógica, el gobierno federal ha decidido sustituir la carga fiscal por una estrategia enfocada en la concientización sobre los riesgos de dependencia y comportamientos antisociales.
Al respecto, la Presidenta explicó que se priorizarán las iniciativas preventivas dirigidas a la población juvenil para alertar sobre las posibles consecuencias de estas plataformas, especialmente las que operan de forma remota. Sobre esta determinación, añadió: “Entonces, tomamos la decisión de que no se cobre el impuesto y, más bien, hacer campañas a los jóvenes y a los adolescentes de a dónde te pueden llevar este tipo de juegos, muchos de ellos son en línea y pues generan una adicción al videojuego, cuesta dinero y además promueve conductas de violencia”.
Pese a que el decreto que incluía esta disposición tributaria ya había sido oficializado mediante su publicación en el Diario Oficial de la Federación el pasado 7 de noviembre, la metodología para su cancelación administrativa aún no ha sido precisada. Este retroceso en la política fiscal ocurre en un contexto donde diversos análisis, como el realizado por Aristegui Noticias, habían advertido que los fundamentos científicos utilizados inicialmente por el gobierno no lograban establecer una conexión directa entre el uso de estos programas y el incremento de la criminalidad.
Reforzando esta perspectiva, organismos internacionales como la Asociación Estadounidense de Psicología (APA) han manifestado previamente que la relación entre la agresividad y el entretenimiento digital carece de sustento científico sólido. En 2020, Sandra L. Shullman, quien presidía dicha institución, fue enfática al declarar que “No hay evidencia científica suficiente que respalde un vínculo causal entre los videojuegos violentos y el comportamiento violento”. Asimismo, advirtió que “Atribuir la violencia a los videojuegos no es científicamente válido y desvía la atención de otros factores, como los antecedentes de violencia, que según la investigación son un importante predictor de la violencia futura”.
No obstante, la preocupación gubernamental por los videojuegos no se limita únicamente al contenido, sino también a la seguridad de los usuarios menores de edad. Instituciones como el Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia y la Europol han alertado que estas herramientas digitales pueden ser vulneradas por organizaciones delictivas para fines de reclutamiento o para la comisión de delitos graves como el acoso sexual y la explotación infantil, factores que el gobierno federal buscará atender mediante las nuevas campañas de prevención anunciadas.