La estrategia del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) para recuperar el control de su infraestructura médica ha encontrado resistencia en la alcaldía Tláhuac, donde una firma de origen español se niega a vender un hospital bajo su administración. Durante el ciclo de 2024, la institución se propuso la meta de nacionalizar cuatro recintos que operaban mediante el esquema de asociación público-privada, logrando concretar la compra de las unidades ubicadas en Tepic, Villahermosa y Mérida. Sin embargo, el director general del instituto, Martí Batres, señaló que la falta de disposición de la empresa europea ha impedido finalizar el proceso en la Ciudad de México.
De acuerdo con lo expuesto en la conferencia presidencial, el mantenimiento de este modelo resulta sumamente perjudicial para las finanzas públicas, pues el ISSSTE debe erogar mensualmente 137 millones de pesos por concepto de servicios a dicha operadora privada. A pesar de que el gobierno ha formalizado una oferta de adquisición para integrar plenamente el inmueble al patrimonio del Estado, la directiva del consorcio español no ha mostrado apertura para negociar la terminación de la relación contractual, manteniendo un esquema que el funcionario calificó como oneroso.
La magnitud del gasto se hace evidente al proyectar el contrato original, el cual tiene una vigencia de 23 años. De mantenerse estas condiciones, el organismo terminaría pagando una cifra acumulada de 37 mil millones de pesos a la entidad privada, un monto que supera significativamente el valor real de la infraestructura. Batres enfatizó que con esa misma cantidad de recursos, el instituto tendría la capacidad financiera para construir 10 nuevos hospitales regionales, lo que permitiría ampliar de forma masiva la cobertura y la calidad de los servicios de salud para los derechohabientes sin comprometer el erario con intermediarios.