Múltiples líneas de indagación han sido abiertas por la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno en relación al descarrilamiento del tren Interoceánico ocurrido el pasado 28 de diciembre en Asunción Ixtaltepec. Según confirmó la titular de la dependencia, Raquel Buenrostro Sánchez, el incidente que cobró la vida de 14 personas y provocó lesiones a más de un centenar de pasajeros motivó que se activaran “varias investigaciones” para esclarecer las causas administrativas detrás del suceso.
Tras encabezar un evento sobre integridad pública, la funcionaria explicó que, si bien la normativa les exige auditar periódicamente a los organismos gubernamentales, la gravedad de este evento “tan desafortunado, tan triste (…) vamos a hacer algo más detallado y específico, con el fin de que se haga justicia”. Buenrostro aclaró que el objetivo no es analizar técnicamente el accidente, sino detectar si existió “alguna omisión de un proceso por parte de un servidor público, empresa o proveedor que haya provocado, o que haya sido omiso, en realizar correctamente sus funciones”, intensificando la vigilancia que ya se había aplicado a dicha institución el año pasado.
Respecto a las limitaciones técnicas de su secretaría, la secretaria admitió que no tienen facultades para realizar peritajes forenses exhaustivos de evidencias y hechos. No obstante, puntualizó que su labor consiste en documentar las irregularidades para “sí podemos hacer denuncias ante autoridades competentes, como la Fiscalía General de la República, para que ellos hagan las auditorías forenses”. Con esto, se busca que las instancias correspondientes profundicen en las pruebas que permitan fincar responsabilidades penales o administrativas.
En otro orden de ideas, la titular de la dependencia abordó la protección de información privada ante posibles filtraciones en empresas de telecomunicaciones, asegurando que ahora las indagatorias se inician de manera automática. Al respecto, criticó la gestión del anterior organismo de transparencia, señalando que en el pasado “no se abrían investigaciones de oficio, siempre obedecían a denuncias previas, y lo que ahora estamos reportando ante el Órgano Interno de Control es que se solicitaron muchas averiguaciones, pero los expedientes se guardaron en los cajones para que prescribieran, y nunca se les dio seguimiento”.
Finalmente, advirtió que la política de su gestión no tolerará el encubrimiento de casos antiguos que fueron abandonados intencionalmente por funcionarios de administraciones previas. Buenrostro enfatizó que se buscarán sanciones legales tanto para los responsables directos de las faltas como “contra quien haya guardado el expediente en el cajón, porque es el responsable de que haya prescrito”, garantizando que el archivo deliberado de documentos no sea una vía para la impunidad.