Con el objetivo primordial de combatir delitos como el fraude y la extorsión, el proceso de inscripción obligatoria para usuarios de telefonía móvil ha alcanzado la cifra de 2 millones 151 mil 802 registros tras siete días de operación. Así lo informó José Antonio Peña Merino, quien encabeza la Agencia de Transformación Digital, durante el encuentro matutino con la prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum. El funcionario detalló que, por disposición de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, las operadoras habilitarán una herramienta tecnológica “que nos permita consultar, como titulares de una línea telefónica, qué números están asociados a nuestra CURP, dando solo los últimos cuatro dígitos de la línea”.
Sobre la mecánica de validación, se aclaró que las empresas del sector son las responsables de realizar la “toma de fotos y demás”, sin que esto signifique el almacenamiento de rasgos biométricos por parte de las compañías. Peña Merino enfatizó que los proveedores de servicio “no guardan” dicha información sensible, limitándose a conservar únicamente el “nombre, CURP y número telefónico”. Asimismo, se puntualizó que ninguna dependencia del gobierno mantiene bajo su custodia estos archivos personales, aunque se dejó claro que, ante la posible comisión de un ilícito, “las autoridades de investigación podrán solicitar –en términos de las leyes– información adicional”.
El calendario legal establece que todos los dispositivos y tarjetas inteligentes comprados con anterioridad al 9 de enero cuentan con un plazo que expira el 30 de junio para formalizar su situación, trámite que puede realizarse físicamente o a través de medios digitales. El incumplimiento de este mandato de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión acarreará la restricción para dar de alta nuevas líneas en el futuro. Para garantizar la veracidad del trámite, el sistema solicita una identificación que sirve como “una prueba de vida”, asegurando que es el propietario legítimo quien ejecuta la acción.
Finalmente, el titular de la Agencia de Transformación Digital explicó que el procedimiento incluye mecanismos de seguridad en tiempo real, como el envío de un código vía mensaje de texto “para garantizar que tenemos el celular en la mano con el chip que estamos tratando de registrar”. Con estas medidas, el gobierno busca establecer un vínculo fidedigno entre la identidad del ciudadano y su línea activa, dificultando el anonimato que suele amparar diversas actividades criminales en el país.