Ante la Audiencia Nacional, la representación legal del intérprete Julio Iglesias ha formalizado una petición para que se desestimen las indagatorias sobre presuntas agresiones sexuales en su contra. El equipo jurídico del artista de 82 años, quien reside actualmente en territorio dominicano, argumenta una “ausencia de jurisdicción de los tribunales españoles y, en consecuencia, de la Fiscalía de la Audiencia Nacional”, sosteniendo que el proceso no debería desarrollarse en España dado que los incidentes reportados habrían ocurrido en la República Dominicana y las Bahamas.
El documento entregado este lunes por el penalista José Antonio Choclán solicita al Ministerio Público la cancelación de las diligencias. Además de cuestionar la autoridad judicial española, Iglesias reclama el derecho de conocer los detalles de la investigación de manera inmediata, justificando esta urgencia por la elevada “repercusión pública” de las acusaciones y el consecuente “daño reputacional” que estas provocan en su imagen internacional. Asimismo, su defensa insiste en comparecer durante los testimonios iniciales de las denunciantes “para poder acreditar la falsedad de las imputaciones y defender el honor” del cantante.
En el escrito de oposición, el abogado Choclán rebate la protección especial otorgada a las mujeres que lo acusan. La defensa critica que se les haya concedido el estatus de testigos protegidas, pues considera que ellas mismas han “convertido por su propia decisión el asunto en un caso de interés mediático, así que cualquier pretensión de protección frente al investigado, incluso a nivel general, debe decaer”. Para los representantes de Iglesias, el anonimato de las denunciantes ya no tendría sustento legal tras la difusión pública del caso.
Finalmente, el alegato jurídico se basa en que “el criterio de atribución de la jurisdicción” que esgrime la denuncia “es siempre subsidiario, siendo preferente el de territorialidad (lugar de comisión), de modo que solo cuando no se pueda perseguir el hecho por el Estado del lugar de comisión podrá considerarse la posible jurisdicción española”. Dado que los tribunales dominicanos están capacitados para actuar, Choclán —quien ha defendido a figuras como Cristiano Ronaldo o Corinna Larsen— afirma que la justicia española debe apartarse del proceso para respetar las leyes internacionales vigentes.