En el marco de sus recorridos por territorio poblano, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el abandono sistemático que caracterizó a las administraciones del periodo neoliberal ha sido revertido gracias a la implementación de programas sociales y una renovada estrategia en materia de sueldos. Ante una multitud congregada en la región, la jefa del Ejecutivo Federal sostuvo que, desde el inicio de la gestión de Andrés Manuel López Obrador, se dio prioridad a los grupos vulnerables, aclarando que la marginación histórica no obedecía a una falta de voluntad laboral de la población, sino a un modelo de gobierno que “los abandonó”.
La mandataria resaltó que el pilar de la cuarta transformación sigue siendo el precepto de que, para el bienestar colectivo, es imperativo atender “primero de los pobres”. En este sentido, puntualizó los avances en la recuperación del poder adquisitivo, detallando que mientras en 2018 el salario mínimo se ubicaba en 3 mil pesos, para enero de 2026 este monto escaló hasta los 9 mil pesos, lo que representa un incremento real del 150 por ciento. Según sus datos, este impulso económico, sumado a las transferencias directas, ha facilitado que 13.5 millones de personas abandonen la condición de pobreza en el país.
Asimismo, Sheinbaum subrayó la transición de los apoyos sociales a derechos constitucionales, garantizando que estos beneficios no dependan de simpatías políticas o procesos electorales. Bajo la premisa de que “nadie se debe quedar atrás”, la presidenta defendió la distribución de la riqueza y desestimó las antiguas advertencias económicas que sugerían que elevar los salarios dispararía la inflación o ahuyentaría los capitales. Por el contrario, aseveró que actualmente se mantienen niveles históricos de inversión extranjera directa, una moneda nacional fortalecida y un control efectivo sobre el índice de precios.
Finalmente, la jefa de Estado recordó que la lucha contra la corrupción ha sido el motor para financiar estas políticas públicas, bajo la consigna de que “no puede haber gobierno rico con pueblo pobre”. Al evitar el desvío de fondos y eliminar privilegios en la alta burocracia, se ha logrado canalizar el presupuesto hacia quienes más lo requieren, consolidando un sistema donde el respaldo gubernamental es una obligación legal y no una herramienta de presión política hacia la ciudadanía.