El individuo, identificado como Julio, engañó a la madre para tomar un medicamento para provocar el parto prematuro por lo que se le acusa de homicidio infantil y violencia familiar
Ivanova de los Reyes
Vinculado a proceso y en prisión preventiva justificada quedó Julio y/o Julio César, como probable responsable de los delitos de violencia familiar y homicidio infantil, en perjuicio de una mujer de origen indígena e identidad reservada y de un recién nacido quien murió tras ser dejado en un bote de basura, en hechos ocurridos en un campo agrícola de la Costa de Hermosillo.
Rosario Sánchez Hurtado, vicefiscal de Homicidios y Delitos por Razones de Género de la Fiscalía, informó que derivado de la integración de la carpeta de investigación y con sólidos datos de prueba, el Juez de Control determinó la vinculación a proceso del imputado, y otorgó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.
La medida cautelar de prisión preventiva justificada fue ratificada debido al riesgo que representa el imputado y la gravedad de los delitos que se le atribuyen.
Asimismo, en comunicado, la Fiscalía de Justicia del Estado informó que, de acuerdo con la imputación formulada, entre el 16 y el 19 de enero, Julio ejerció actos de poder, control, violencia física y psicológica contra su pareja sentimental, quien tiene dos hijos más.
Aprovechando la relación de confianza y vulnerabilidad, el imputado suministró medicamentos a la víctima con la intención de interrumpir su embarazo, provocando un parto anticipado no previsto y complicaciones severas de salud en el neonato, como asfixia perinatal y sepsis, que derivaron en su fallecimiento el pasado 20 de enero.
Las indagatorias, con peritajes multidisciplinarios, establecieron que la madre del menor, es una mujer indígena originaria de Los Altos de Chiapas, de lengua Tzeltal/Tzotzil, quien se encuentra en condiciones de extrema vulnerabilidad, aislada de familiares y con escasos vínculos en Sonora, entre ellos su violentador.
Los informes psicológicos y de trabajo social revelan que la víctima vivió un contexto de desigualdad estructural y coerción reproductiva.
A pesar de que la víctima manifestó consistentemente su deseo de continuar con el embarazo y asumir su maternidad, fue sometida a una insistencia constante por parte del agresor para interrumpir el embarazo, quien aprovechó las barreras lingüísticas, el aislamiento social y la dependencia económica para administrarle fármacos bajo engaños, diciéndole que eran para el dolor.
Actualmente, la víctima recibe acompañamiento integral por parte del Centro de Atención a Víctimas (Cavid) y la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (Ceeav). Las evaluaciones especializadas indican que la mujer presenta un estado mental depresivo y episodios de agobio emocional derivados del duelo traumático y la violencia sistemática vivida.
Asimismo, se determinó que su reacción ante los hechos estuvo condicionada por el miedo, el dolor físico y la falta de redes de apoyo, factores que, sumados a su contexto cultural y de violencia de género, limitaron su capacidad de comprensión y reacción inmediata, sin que esto implique responsabilidad alguna en el trágico desenlace.
Además de lo anterior, cabe señalar que no se ha descartado la posible participación de una tercera persona en los hechos, a quien podría atribuirse el haber transportado al neonato al sitio de su hallazgo, o incluso la posibilidad de que fuera el mismo imputado quien realizara dicha acción.
La Fiscalía General de Justicia reitera su compromiso de investigar con perspectiva de género e interculturalidad, garantizando el acceso a la justicia para las mujeres y la niñez, especialmente aquellas provenientes de comunidades indígenas y sectores vulnerables.