Un escenario de tensión y desorden marcó la reciente Jornada de Participación Ciudadana en el estado de Oaxaca, donde se registraron más de cien percances de diversa índole. En el Istmo de Tehuantepec, la violencia se manifestó con el robo y la quema de documentación oficial en localidades como San Juan Guichicovi y Magdalena Tequisistlán. Reportes provenientes del órgano electoral local detallaron que, en actos de sabotaje, representantes partidistas e individuos no identificados incineraron papeletas en las agencias de Estación Sarabia y San Miguel Ecatepec, mientras el gobierno estatal intentaba matizar la situación calificando los hechos como 491 “incidentes menores”.
La integridad del sufragio fue cuestionada en regiones como la Sierra Sur, específicamente en Santiago Amoltepec y Santa María Zaniza, donde se detectó el “embarazo” de urnas con votos introducidos previamente a la apertura de las mesas. Elizabeth Sánchez González, presidenta del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (Ieepco), confirmó que los conflictos territoriales con Chiapas y disputas internas municipales impidieron la instalación de cinco centros de votación. Además, surgieron acusaciones de intimidación, como la denuncia contra el edil de Santa Lucía del Camino por amedrentar a delegados del Partido del Trabajo.
En zonas de la Costa y la capital oaxaqueña, la jornada se vio empañada por coacciones directas; en San Pedro Pochutla, trabajadores gubernamentales habrían intentado tomar el control de los listados nominales, mientras que en San Martín Mexicapam, grupos de choque rellenaron urnas bajo la advertencia a los funcionarios de que la acción se repetiría en otros sitios “por las buenas o por las malas”. A estas irregularidades se sumó la admisión de votos de personas que carecían de identificación oficial o que no figuraban en el padrón electoral, particularmente en Puerto Escondido y Santa Lucía del Camino.
Desde la perspectiva sindical, la Sección 22 de la CNTE arremetió contra el ejercicio, calificándolo como un montaje político orquestado por la administración de Salomón Jara Cruz. Yenny Aracely Pérez Martínez, dirigente magisterial, criticó el gasto de recursos públicos en lo que llamó una “farsa política disfrazada como un proceso democrático”, señalando que dicho presupuesto debió emplearse en sanear las carencias en salud y educación. La organización advirtió que radicalizarán sus protestas con paros de labores, e incluso amenazaron con boicotear los preparativos del mundial de fútbol si no se resuelven sus exigencias legislativas y laborales.