La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló que, el pasado jueves, emisarios de Grupo Salinas, propiedad del magnate Ricardo Salinas Pliego, entablaron comunicación con el Servicio de Administración Tributaria (SAT). El propósito de este acercamiento es manifestar la voluntad de la compañía para liquidar un adeudo fiscal que asciende a 51 mil millones de pesos. Tras este contacto inicial, se ha establecido un periodo de análisis para acordar los pormenores del desembolso, los cuales se espera que queden plenamente establecidos en el transcurso de la presente semana.
La jefa del Ejecutivo aclaró que las reuniones actuales no tienen como objetivo una mediación arbitraria, sino el cumplimiento estricto de la normativa vigente. Al respecto, puntualizó: “Plantearon su deseo de pagar y están en este momento en mesas. No de negociación, sino del alcance de las disminuciones relacionadas con la ley”. Este movimiento ocurre luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desestimara los recursos de amparo interpuestos por el conglomerado, validando así las sentencias previas de los Tribunales Colegiados que ordenaban el cobro de los impuestos omitidos.
En el marco de esta disposición al pago, Grupo Salinas podría acceder a ciertos incentivos legales, cuyos detalles técnicos serán divulgados posteriormente por el SAT. Según estimaciones del propio organismo recaudador, los ajustes al monto total del adeudo podrían representar una reducción de hasta el 39 por ciento, siempre y cuando los representantes legales de las empresas ratifiquen su compromiso de solventar las obligaciones fiscales pendientes tras revisar los alcances de dichos beneficios.
La controversia se originó entre 2013 y 2016, cuando el SAT identificó irregularidades en el pago del Impuesto sobre la Renta correspondientes a los ejercicios fiscales comprendidos entre 2008 y 2013. A lo largo de una década de disputas en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y diversas instancias del Poder Judicial de la Federación, las resoluciones administrativas fueron confirmadas de manera sistemática. Finalmente, con el respaldo de la SCJN en 2025, el requerimiento formal de pago por los 51 mil millones de pesos entró en vigor este enero de 2026, conforme a lo estipulado en el Código Fiscal de la Federación.