Un episodio de violencia extrema sacudió ayer a la cabecera municipal de Salamanca cuando un comando irrumpió en un espacio de esparcimiento deportivo, abriendo fuego contra los presentes. El ataque, ocurrido aproximadamente a las 17:00 horas en las canchas de futbol de la localidad Loma de Flores, resultó en la muerte de 11 personas y dejó a otras 12 heridas. Este evento se suma a una racha de inseguridad que ya había cobrado ocho víctimas en incidentes previos entre el viernes y el sábado en la zona norte de la ciudad.
Respecto al recuento de las víctimas, la administración local ratificó que 10 individuos “perecieron en el lugar, y una más mientras era atendida en un centro hospitalario”. Por su parte, los doce sobrevivientes que presentan lesiones por proyectil de arma de fuego ya reciben asistencia en diversas instituciones médicas. Tras el reporte inicial al servicio de emergencias 911, se registró una intensa movilización de cuerpos de auxilio y fuerzas del orden, incluyendo a la Guardia Nacional, la policía estatal, el Ejército Mexicano y efectivos municipales, quienes desplegaron un cerco para intentar localizar a los agresores.
La gestión municipal manifestó su rechazo absoluto a la masacre, señalando que “la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guanajuato realiza el levantamiento de los indicios correspondientes, y lleva a cabo las investigaciones necesarias para el esclarecimiento de los hechos”. En su pronunciamiento, el ayuntamiento extendió sus condolencias a los deudos y aseguró que mantendrá un esfuerzo constante por restituir el orden en la región. Mientras tanto, la FGE movilizó a peritos y agentes de investigación criminal para asegurar el procesamiento científico de la escena, afirmando que su prioridad es “preservar la evidencia, garantizar una investigación técnica y científica, y sentar bases sólidas para la identificación y sanción de los responsables”.
A pesar de las cifras gubernamentales, testimonios recogidos por el diario local El Salmantino sugieren que la magnitud del atentado podría ser mayor, estimando de manera extraoficial hasta 17 decesos. Ante la gravedad de la situación, los organismos de justicia han reiterado que se emplearán todos los recursos disponibles para evitar que el crimen quede impune, mientras la comunidad permanece bajo vigilancia reforzada por las fuerzas federales y estatales.