La sociedad en Sonora manifestó su rechazo ante las bajas penas dictadas a las responsables del asesinato de una menor y la filtración del video del crimen.
El sistema de justicia para adolescentes dictó menos de tres años de internamiento para una implicada y libertad asistida para otra, tras el asesinato de una joven de 15 años. En Sonora, los hechos ocurridos en el ejido El Desierto han provocado una ola de protestas, especialmente tras difundirse imágenes del ataque grabadas por las propias agresoras. La víctima, localizada sin vida en septiembre de 2025, murió por asfixia mecánica tras ser engañada por las ahora sentenciadas.
La madre de la adolescente ha solicitado formalmente la revisión de la condena y la reparación del daño, la cual asciende a poco más de cinco mil pesos. El caso reaviva el debate sobre la eficacia de las leyes para menores y la responsabilidad de las autoridades ante la filtración de material sensible. Diversos colectivos exigen justicia penal que corresponda a la gravedad del delito, en un contexto de creciente violencia de género en la región norte del país.
La difusión del video en redes sociales ha sido señalada como una revictimización grave que vulnera la dignidad de la familia. Expertos legales sugieren que las penas mínimas previstas en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes limitan el actuar de los jueces en casos de alta peligrosidad. La comunidad espera que el Tribunal Superior de Justicia considere los agravantes de premeditación y ventaja que se observan en las pruebas presentadas.
El acompañamiento psicológico para los familiares de la víctima es ahora una prioridad ante el impacto mediático que ha tomado el proceso. Mientras tanto, las autoridades estatales no han emitido un pronunciamiento claro sobre el origen de la filtración del material que era parte de la evidencia bajo resguardo. Este suceso marca un precedente doloroso sobre la seguridad de los menores en comunidades rurales y la respuesta del Estado ante crímenes atroces.