Legisladores de Morena y aliados cerraron filas en defensa de Rubén Rocha, mientras que la oposición exigió investigaciones y sanciones tras los señalamientos de Washington.
La acusación del gobierno de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios por presuntos vínculos con el narcotráfico provocó una fuerte división política en México entre el oficialismo y la oposición.
Por un lado, legisladores de Morena y partidos aliados respaldaron al mandatario estatal y cuestionaron la solidez de las imputaciones, al considerar que carecen de pruebas suficientes y podrían tener motivaciones políticas. Incluso, desde el Ejecutivo federal se ha insistido en que no se actuará sin evidencia clara.
En contraste, partidos de oposición como el PAN y el PRI exigieron investigaciones a fondo e incluso plantearon medidas extraordinarias, al sostener que los señalamientos de Estados Unidos son graves y deben esclarecerse.
El caso se originó luego de que el Departamento de Justicia estadounidense acusara formalmente a Rocha Moya y a otros funcionarios de colaborar con el Cártel de Sinaloa para facilitar el tráfico de drogas hacia ese país, a cambio de beneficios políticos y económicos.
Ante ello, el propio gobernador rechazó las acusaciones de manera categórica, calificándolas como infundadas y parte de un ataque político contra su administración y el movimiento de la llamada Cuarta Transformación.
La polémica también ha tensado el debate en el Congreso mexicano, donde legisladores han confrontado posturas sobre la credibilidad de las acusaciones y el papel que debe asumir el Estado mexicano frente a señalamientos provenientes del extranjero.
El caso no solo ha intensificado la confrontación interna, sino que también ha generado presión en la relación bilateral entre México y Estados Unidos, en un contexto marcado por la cooperación en materia de seguridad y combate al narcotráfico.
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