Luisa Alcalde afirmó que la difusión del caso vulneró el debido proceso y la presunción de inocencia del exgobernador de Sinaloa.
El Gobierno de México, a través de la consejera jurídica Luisa María Alcalde Luján, acusó que en el caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se vulneraron principios básicos del sistema legal, particularmente el de confidencialidad.
En Palacio Nacional, la funcionaria explicó que la difusión pública de la solicitud de extradición por parte de Estados Unidos rompió con los protocolos necesarios para garantizar el debido proceso y la presunción de inocencia.
De acuerdo con Alcalde, este manejo del caso derivó en un juicio mediático anticipado contra los funcionarios señalados, lo que podría impactar negativamente en el desarrollo de las investigaciones.
Además, reiteró que no se han presentado pruebas suficientes que respalden las acusaciones contra Rocha Moya, por lo que insistió en que el procedimiento debe apegarse a los mecanismos legales correspondientes.
El posicionamiento se da en medio de la tensión bilateral generada por las acusaciones del gobierno estadounidense contra funcionarios de Sinaloa.
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