La Fiscalía capitalina aclaró que la gobernadora Maru Campos manipuló datos sobre una supuesta persecución en su contra pese a que el caso fue cerrado.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México emitió un pronunciamiento oficial respecto a las declaraciones públicas difundidas por la mandataria del estado de Chihuahua. La titular de la institución, Bertha Alcalde, expuso que la funcionaria estatal tergiversó la realidad jurídica de los expedientes mediante mensajes en plataformas digitales para denunciar un hostigamiento institucional inexistente. El órgano autónomo enfatizó que las resoluciones emitidas en torno a Maru Campos demuestran un criterio de estricta legalidad y neutralidad política.
Los reportes institucionales detallan que el Ministerio Público determinó de forma definitiva el no ejercicio de la acción penal tras agotar los actos de investigación correspondientes. La fiscal de la Ciudad de México precisó que los análisis de las pruebas arrojaron la inexistencia de elementos constitutivos de delito, lo que motivó el archivo formal de la carpeta de investigación vinculada a la gobernadora de Chihuahua. Las autoridades judiciales reiteraron que la determinación de cerrar el expediente contradice los señalamientos de acoso penal vertidos por Maru Campos en las redes sociales.
La defensa jurídica de los encargados de la procuración de justicia se concentró en justificar la objetividad de los dictámenes técnicos presentados ante los juzgados. Las comisiones encargadas del seguimiento precisaron que, en caso de que la autoridad judicial ordene diligencias complementarias durante las audiencias programadas, esto no se traducirá automáticamente en una reactivación del proceso penal contra la gobernadora de Chihuahua. El personal de la Fiscalía de la Ciudad de México llamó a conducirse con base en los dictámenes y esperar los fallos finales del juzgador.
La audiencia programada para evaluar las presuntas omisiones administrativas dentro de la carpeta de investigación no contempla la comparecencia obligatoria de la servidora pública implicada. Asimismo, se dio a conocer que el denunciante original del caso, Javier Corral, mantiene a salvo sus derechos legales para impugnar la resolución de no ejercicio si así lo considera pertinente. Los representantes ministeriales mantendrán el seguimiento de los litigios para fundamentar los criterios que derivaron en la conclusión del asunto de Maru Campos.
Las autoridades de la Fiscalía de la Ciudad de México enfatizaron que el actuar de sus ministerios públicos se apega de manera rigurosa a los marcos procedimentales del sistema acusatorio vigente. Al cierre de las declaraciones informativas, los equipos jurídicos se trasladaron a las salas de oralidad para desahogar las diligencias correspondientes y defender los criterios de inocencia provisional. Los canales oficiales mantendrán informada a la ciudadanía respecto a las resoluciones derivadas de este conflicto entre dependencias locales.
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