Tras 56 días de clausura ciudadana del Congreso del Estado y la negativa a cumplir con un resolutivo legal, acusaron que se ha criminalizado la causa social
Ivanova de los Reyes
Tras 56 días de clausura ciudadana del Congreso del Estado, las propietarias de estancias infantiles de la organización Conservando los Valores de Familia (Covafam), anunciaron que tomarán acciones legales e interpondrán denuncias ante organismos nacionales e internacionales por la violación a sus garantías individuales y derechos humanos.
Lizeth Villalobos López, presidenta de la Asociación Nacional de Estancias Infantiles y Covafam Sonora, informó que, ante la negativa de los legisladores de atender y resolver las demandas sociales, y manipular el sistema de justicia para emprender penalmente contra las maestras y representante legal, han decidido emprender una nueva etapa de acciones jurídicas, y de derechos humanos.
Señaló que interpondrán un amparo por las omisiones que incurrieron en los últimos siete años, cinco de la actual administración y dos de la anterior al incumplir el pago del adeudo a favor de las Estancias Infantiles ya resuelto en definitiva por el Juzgado Doceavo de Distrito en materia Federal de Amparo.
“Se va a proceder a juicio y demanda relacionada con la responsabilidad de servidores públicos, tanto del legislativo con del ejecutivo, incluyendo el hecho de que la denuncia penal con número: SON/HER/FGE/2026/080/31754, en la que aparece la Comisión de Régimen Interno y de Concertación Política del propio Congreso, cuyos integrantes carecen de facultad alguna, de promover denuncia penal en contra nuestra, lo cual representa el abuso del poder e ilegalidad flagrante de dicha comisión”, dijo.
Además, se interpondrán denuncias ante los organismos nacionales como Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), e internacionales, incluyendo la Corte Interamericana, Parlamento Europeo, Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), por violaciones a los derechos humanos y la criminalización de la legítima causa.
“Exigimos que haya apertura al diálogo resolutivo, esperando que las autoridades se comuniquen con respeto y prontitud evitando escalar el conflicto sin justificación alguna con actos represivos”, finalizó.