Pueblos mayo-yoreme instalaron un campamento permanente en la bahía de Ohuira para impedir la operación de la planta; aseguran que permanecerán en el lugar hasta lograr su clausura definitiva.
Integrantes de comunidades indígenas mayo-yoreme iniciaron la toma indefinida de la planta de amoniaco ubicada en la bahía de Ohuira, en el municipio de Ahome, Sinaloa, como parte de una protesta contra un proyecto industrial que consideran perjudicial para el medio ambiente y para la supervivencia de los pueblos originarios de la región.
Los manifestantes instalaron un campamento en los accesos de la obra y advirtieron que no abandonarán el sitio hasta que las autoridades federales atiendan sus demandas. Bajo la consigna “¡Aquí No!”, las comunidades han reforzado su oposición a la planta promovida por Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), empresa que busca convertir el complejo en uno de los mayores productores de amoniaco del país.
Felipe Montaño Valenzuela, gobernador tradicional de Ohuira, afirmó que la movilización responde a años de inconformidad por un proyecto que, según los habitantes, pone en riesgo el equilibrio ecológico de la bahía y amenaza actividades económicas como la pesca, de la cual dependen cientos de familias.
Los pueblos indígenas sostienen que la construcción de la planta ha provocado afectaciones ambientales, incluyendo la modificación de ecosistemas costeros y la pérdida de áreas de manglar. Además, consideran que la operación de la instalación podría generar impactos negativos en la fauna marina y en los recursos naturales que sostienen a las comunidades de la zona.
Entre las principales exigencias de los inconformes se encuentra la cancelación definitiva del proyecto, la restauración de las áreas afectadas y la protección integral de la bahía de Ohuira, considerada una de las zonas ecológicas más importantes del norte de Sinaloa.
La oposición a la planta de amoniaco se ha extendido por más de una década y ha derivado en diversos procesos legales, movilizaciones y consultas promovidas por autoridades federales. Sin embargo, los grupos indígenas aseguran que sus preocupaciones no han sido atendidas plenamente y que continuarán ejerciendo presión para impedir que el complejo entre en funcionamiento.
Los manifestantes reiteraron que mantendrán la toma pacífica de las instalaciones mientras esperan una respuesta de las dependencias federales encargadas de la protección ambiental y de la atención a los pueblos indígenas, insistiendo en que la defensa del territorio y de los recursos naturales seguirá siendo su prioridad.
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