Organizaciones civiles defendieron la participación política de las mujeres y exigieron garantizar la paridad en los espacios de decisión
Organizaciones de la sociedad civil defendieron la paridad de género como un derecho político de las mujeres y señalaron que su aplicación no debe entenderse como una concesión, sino como una obligación establecida en la Constitución mexicana.
Durante un pronunciamiento, las organizaciones destacaron que la participación equilibrada de mujeres y hombres en los espacios de representación y toma de decisiones forma parte de los avances alcanzados para garantizar los derechos políticos de las mujeres.
Las organizaciones señalaron que la paridad debe cumplirse en los distintos niveles de gobierno y en los órganos de representación política, por lo que rechazaron cualquier intento de presentarla como un beneficio otorgado a las mujeres.
También advirtieron que alcanzar una participación numéricamente equilibrada no significa que hayan desaparecido las desigualdades que enfrentan las mujeres dentro de la vida pública.
En este sentido, destacaron la necesidad de combatir las prácticas que obstaculizan la participación femenina y que pueden limitar el acceso de las mujeres a cargos de elección popular y puestos de decisión.
Las organizaciones subrayaron que la presencia de mujeres en los espacios públicos debe estar acompañada de condiciones que permitan ejercer plenamente sus responsabilidades y derechos, sin violencia, discriminación ni obstáculos derivados de su género.
Asimismo, señalaron que la paridad representa un elemento fundamental para fortalecer la democracia, al permitir que las instituciones políticas reflejen de manera más equilibrada a la población.
El pronunciamiento ocurre en un contexto de discusión sobre la participación de las mujeres en la política mexicana y sobre los mecanismos necesarios para garantizar que los principios de igualdad y paridad establecidos en la legislación se cumplan efectivamente.
Las organizaciones insistieron en que los avances alcanzados en materia de derechos políticos de las mujeres deben mantenerse y profundizarse, y que cualquier retroceso representaría una afectación a derechos reconocidos constitucionalmente.