El operativo binacional busca detectar e inhabilitar drones utilizados por grupos delictivos para vigilar a las autoridades durante el tráfico de personas y drogas
México desplegó alrededor de 800 elementos militares adicionales en la frontera con Estados Unidos como parte de la operación binacional antidrones “Águila Alta”, implementada en coordinación con autoridades estadounidenses para combatir el uso de aeronaves no tripuladas por parte de grupos delictivos.
La operación se desarrolla en la franja fronteriza entre Tijuana, Baja California, y San Diego, California, y contempla reconocimientos simultáneos en ambos lados de la frontera, con cada país operando dentro de su propio territorio. La segunda fase comenzó el 7 de septiembre y permanecerá activa hasta el 21 de septiembre.
De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el objetivo es detectar e inhabilitar drones de uso comercial empleados por organizaciones criminales para vigilar los movimientos de las autoridades durante actividades relacionadas con el tráfico de personas y drogas.
El operativo cuenta con equipos antidrones fijos y móviles, además de patrullajes terrestres en la zona fronteriza. Las acciones forman parte del Grupo Bilateral de Implementación México-Estados Unidos y se realizan bajo el esquema de operaciones espejo, mediante el cual las fuerzas de ambos países actúan de manera coordinada, pero dentro de sus respectivos territorios.
El despliegue mexicano se suma a los 10 mil elementos de la Guardia Nacional y 3 mil elementos del Ejército que ya se encontraban en la frontera norte como parte de la Operación Frontera Norte, según lo informado por el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo.
Trevilla explicó que México mantiene 165 equipos antidrones desplegados en la frontera norte y que, hasta el momento, las autoridades mexicanas no han iniciado conversaciones para adquirir sistemas estadounidenses de mayor alcance, como los equipos que utilizan tecnología de energía dirigida.
La operación “Águila Alta” comenzó con una primera fase realizada entre el 31 de agosto y el 2 de septiembre, durante la cual autoridades de ambos países realizaron ejercicios de coordinación y reconocimientos terrestres para delimitar el área de operación.
La Sedena enfatizó que la cooperación con Estados Unidos se desarrolla bajo los principios de reciprocidad, responsabilidad compartida, confianza mutua y respeto a la soberanía de ambos países.
El uso de drones por organizaciones criminales se ha convertido en una preocupación creciente para las autoridades de ambos lados de la frontera, debido a que estas aeronaves pueden utilizarse para obtener información sobre los movimientos de las fuerzas de seguridad y facilitar actividades ilícitas.