Especialistas señalan que las nuevas restricciones enfrentan vacíos legales y presupuestales, por lo que consideran necesaria una reforma a la Ley del Seguro Social
Las modificaciones a la Modalidad 40 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) podrían ser impugnadas ante los tribunales debido a su fragilidad jurídica y presupuestal, advirtieron analistas de Banamex, quienes consideraron necesario que los cambios se respalden mediante una reforma aprobada por el Congreso de la Unión.
El ajuste busca limitar prácticas que, de acuerdo con las autoridades, han permitido elevar considerablemente el monto de algunas pensiones mediante incrementos en el salario de cotización durante los últimos años de la vida laboral. Sin embargo, los especialistas señalaron que un acuerdo administrativo del Consejo Técnico del IMSS podría resultar insuficiente para modificar condiciones previstas en la legislación vigente.
La Modalidad 40, conocida formalmente como Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio, permite a trabajadores que dejaron de cotizar mediante un patrón continuar realizando aportaciones por cuenta propia para mantener sus semanas cotizadas y, bajo determinadas condiciones, mejorar el monto de su pensión.
El esquema ha sido utilizado principalmente por personas que pueden pensionarse bajo la Ley del Seguro Social de 1973, cuyo cálculo considera, entre otros factores, el promedio salarial de las últimas 250 semanas cotizadas.
Con las nuevas disposiciones, vigentes desde el 22 de octubre de 2026, las personas que busquen incorporarse o contratar un nuevo periodo tendrán restricciones para elegir el salario base de cotización. El mecanismo establece como referencia el último salario registrado ante un patrón y permite un incremento limitado, además de eliminar la posibilidad de realizar pagos retroactivos en los términos anteriores.
Los analistas de Banamex señalaron que la medida intenta corregir distorsiones del sistema, pero advirtieron que existe una contradicción entre las restricciones administrativas y el artículo 218 de la Ley del Seguro Social, que contempla la posibilidad de cotizar con el último salario o uno superior.
Por ello, consideraron que, sin una modificación legislativa, las nuevas reglas podrían enfrentar recursos judiciales y eventualmente ser revertidas. También señalaron que persiste la incertidumbre sobre la interpretación de los periodos contratados y las condiciones que se respetarán a quienes ya participan en el esquema.
Otro de los puntos cuestionados es la falta de información suficiente para determinar el costo total de la Modalidad 40 para las finanzas públicas. Los especialistas plantearon la necesidad de conocer los salarios con los que cotizan las aproximadamente 272 mil 900 personas inscritas y evaluar el gasto relacionado con las pensiones correspondientes al régimen de 1973.
El análisis también destacó que el diseño actual puede generar beneficios desproporcionados para quienes tienen recursos suficientes para realizar aportaciones elevadas durante los últimos años de su trayectoria laboral. Esto se debe a que el aumento de las contribuciones puede traducirse en una pensión considerablemente mayor, aunque el periodo de cotización con ese salario haya sido relativamente corto.
No obstante, especialistas en seguridad social han advertido que el uso de la Modalidad 40 para mejorar una pensión no constituye por sí mismo un fraude cuando se realiza conforme a las disposiciones legales aplicables. La discusión se centra en los efectos financieros del esquema y en si las restricciones pueden establecerse mediante un acuerdo administrativo o requieren una reforma legal.
Las adecuaciones también han generado preocupación entre trabajadores próximos a jubilarse, quienes buscan claridad sobre las condiciones que se aplicarán a sus aportaciones y sobre la posibilidad de conservar los beneficios previstos en la legislación.
Ante este escenario, los analistas consideraron necesario que el IMSS publique información detallada sobre los salarios de cotización de los asegurados, que el Gobierno federal presente una evaluación integral del costo de las pensiones y que cualquier modificación permanente se discuta en el Congreso.
El instituto deberá revisar la sostenibilidad financiera del mecanismo y determinar qué ajustes son necesarios. Mientras tanto, la controversia jurídica podría abrir una etapa de impugnaciones, en la que los tribunales tendrían que resolver si las nuevas restricciones respetan el marco legal y los derechos de los trabajadores.
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