El Instituto Nacional Electoral confirmó la salida de 30 funcionarios vinculados con la expresidenta del organismo, mientras las diez consejerías mantienen una revisión de los cargos directivos y procesos de contratación.
El Instituto Nacional Electoral (INE) acumula 30 renuncias de funcionarios que ocuparon distintos cargos durante la gestión de Guadalupe Taddei, quien dejó la presidencia del organismo en medio de señalamientos por presuntas irregularidades y posibles conflictos de interés.
El organismo electoral informó que las diez consejerías realizan una revisión colegiada de la Junta General Ejecutiva y del personal de primer nivel, con el propósito de analizar las relaciones funcionales y los procesos de contratación que requieren atención a partir de información pública reciente.
De acuerdo con el desglose difundido por el instituto, 17 de las renuncias corresponden a integrantes de la oficina de la expresidenta, entre ellos su jefe de oficina, Carlos Daniel Luna Rosas.
También se registraron tres bajas en puestos directivos: José Alberto Pérez de Acha, quien encabezaba la Unidad Técnica de Servicios de Informática; Iliana Araceli Hernández Gómez, directora de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, y Sergio Uzeta Murcio, coordinador nacional de Comunicación Social.
A estas salidas se suman las de Alfonso Burciaga Esparza, de la Dirección de Recursos Materiales, y Juan Manuel Vázquez Barajas, jefe de Oficina de la Secretaría Ejecutiva.
Otro de los funcionarios que presentó su renuncia fue Pedro Pablo Chirinos Benítez, quien anteriormente estuvo al frente de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales y posteriormente ocupó un cargo en la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos.
El resto de las bajas corresponde a personal de distintas áreas administrativas y operativas, entre ellas Transporte y Administración de Riesgos, Servicios de Transporte y Parque Vehicular, así como dependencias relacionadas con el Registro Federal de Electores.
El INE señaló que el proceso de revisión se desarrolla bajo principios de legalidad, criterios objetivos y respeto al debido proceso. Asimismo, destacó la importancia del Servicio Profesional Electoral Nacional para garantizar la continuidad de las funciones institucionales.
Por su parte, la Auditoría Superior de la Federación mantiene revisiones relacionadas con posibles irregularidades en el organismo electoral. Los resultados de estas investigaciones permitirán determinar si existen responsabilidades administrativas o posibles conductas que deban ser turnadas a las autoridades correspondientes.
El instituto indicó que continuará informando sobre las decisiones que se adopten conforme avancen las evaluaciones internas y se formalicen nuevas determinaciones.
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