El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) desestimó las declaraciones del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, respecto al riesgo de que algunos de los 29 narcotraficantes extraditados a Estados Unidos fueran liberados debido a presuntos acuerdos con jueces.
A través de un comunicado, la Presidencia del CJF reafirmó su disposición a que se actúe conforme a la ley en caso de que existan pruebas de irregularidades en el actuar de juzgadores. “La Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal rechaza insinuaciones sobre el proceder de juzgadoras y juzgadores, y expresa su total disposición a que en caso de haber pruebas, se proceda conforme a derecho sin excepciones”, señala el documento.
Las declaraciones de Harfuch se dieron en una conferencia de prensa el 27 de febrero, donde explicó que los individuos entregados a Estados Unidos enfrentaban múltiples investigaciones por delitos relacionados con el crimen organizado. Según el funcionario, la extradición se llevó a cabo para evitar su posible liberación debido a acuerdos con algunos jueces.
“Existía un riesgo de que algunos de estos objetivos solicitados por el gobierno de Estados Unidos fueran liberados o siguieran atrasándose sus procesos de extradición, derivado de acuerdo con algunos jueces que buscaban favorecerlos, como ya se había hecho en otras ocasiones y durante muchos años”, afirmó Harfuch.
El secretario también detalló que los extraditados enfrentaban cargos por delitos de alto impacto, como tráfico de drogas y fentanilo, delincuencia organizada, lavado de dinero, homicidio, tráfico de armas y secuestro.
Tras estas declaraciones, el CJF reiteró su compromiso con la impartición de justicia e instó a Harfuch a presentar las pruebas correspondientes ante las instancias legales, en caso de contar con evidencia sobre los supuestos acuerdos con jueces.
Por su parte, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, explicó que la extradición de los 29 narcotraficantes se realizó en respuesta a una solicitud formal del gobierno estadounidense. “Se convocó al Consejo Nacional de Seguridad, que está formado por varios funcionarios, se hizo un análisis en esa reunión, se vieron las bases jurídicas y estaban cumplidas”, aseguró Gertz Manero.
Asimismo, el fiscal detalló que el procedimiento se llevó a cabo conforme al artículo 5° de la Ley de Seguridad Nacional y el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
A pesar de la polémica generada por las declaraciones de Harfuch, la CJF mantiene su postura de defender la legalidad de las decisiones judiciales y la transparencia en el actuar de los jueces, dejando en manos de las autoridades la verificación de cualquier irregularidad.