Indicó que Víctor y Francisco Alberto, exfuncionarios de la SEC fueron imputados por peculado e incumplimiento de un deber legal por un monto que consideró “cuantioso”
Ivanova de los Reyes
La detención del secretario de Educación y Cultura, Víctor y Francisco Alberto, obedece a los presuntos delitos de desvío de fondos provenientes de partidas presupuestales de la dependencia para fines no autorizados, durante la pasada administración, informó el fiscal, Gustavo Rómulo Salas Chávez.
El titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), dio a conocer que durante la madrugada del viernes quedaron formalmente imputados por los delitos de peculado e incumplimiento de un deber legal, toda vez que el monto señalado es “cuantioso”.
Asimismo, afirmó que existen órdenes de captura contra más personas involucradas en estos delitos, y que están en proceso de localización y detención para ser presentados ante los tribunales.
“Quedaron bajo prisión preventiva justificada ante el temor que se evaden la justicia ya que el monto sí es cuantioso, y hay más personas involucradas contra quienes también existen órdenes de captura y la Policía está abocada a su localización y detención”, dijo.
Sobre la posibilidad de que existe orden de aprehensión contra el ex secretario de la SEC, Ernesto de Lucas, señaló que no estaría en posibilidad de confirmar o negar esa información, toda vez que, es parte de la investigación que se esta está desarrollando.
“Son más de tres personas involucradas en el caso y todos cuentan con orden de aprehensión. Cuando tengamos en su momento, con el caudal probatorio que existe, las vinculaciones correspondientes, podremos hacerlo de conocimiento de la opinión pública”, aseveró el fiscal general de Sonora.
Podrían alcanzar hasta 12 años de prisión
Una pena de hasta 12 años de cárcel podrían alcanzar los ex servidores públicos de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), de ser encontrados culpables, informó Ramón Tadeo Gradías Enríquez.
El Vicefiscal de Control de Procesos de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), señaló que los delitos de peculado e incumplimiento de un deber legal, contemplan una pena de 12 y ocho años respectivamente.
“El delito de peculado contempla de seis meses a 12 años de prisión; y el incumplimiento de un deber legal, va de un año hasta ocho años”, precisó.
Gradías Enríquez comentó que, de momento, los ex funcionarios se encuentran bajo prisión preventiva justificada y en tanto, no exista una resolución jurídica no puede proporcionar información más precisa del caso.
Subrayó que, está en proceso la investigación y una vez que concluyan los tiempos y tengan resultados tangibles se dará a conocer la información.
“En tanto no se pronuncie su vinculación y no haya una revisión de la medida y que el juez haya validado las condiciones objetivas que sirvieron para establecer la misma, estaría quizás en condiciones de poder resolver al respecto”, finalizó.