El luchador Alberto del Río fue puesto a disposición de la Fiscalía tras una denuncia por violencia familiar interpuesta por su esposa.
José Alberto Rodríguez Chucuan, conocido mundialmente como Alberto del Río, fue capturado en su domicilio de Lomas del Tec tras un operativo policial activado por una llamada de emergencia. Su pareja, la ciclista Mary Carmen Rodríguez, presentaba hematomas y marcas de golpes, por lo que el atleta fue trasladado ante las autoridades sin oponer resistencia. Este incidente representa el tercer conflicto legal de esta índole para el deportista, quien ya enfrentó procesos judiciales en Texas y otros estados de la Unión Americana.
De ser encontrado culpable bajo las leyes mexicanas, Alberto del Río podría enfrentar una condena de hasta siete años de prisión por el delito de violencia familiar. No obstante, si la investigación acredita que las lesiones fueron cometidas por razones de género, la pena máxima podría alcanzar los 20 años de cárcel. La Fiscalía potosina se encuentra actualmente recabando dictámenes médicos y testimonios para determinar la gravedad de los hechos y la situación legal definitiva del ex campeón de la WWE.
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La defensa del luchador aún no ha emitido un comunicado oficial respecto a las acusaciones de agresión física presentadas por su cónyuge. Anteriormente, el deportista había sido absuelto de cargos similares en 2020 por falta de pruebas, lo que añade una capa de complejidad mediática a este nuevo proceso en México. La opinión pública y colectivos de protección a la mujer siguen de cerca el caso, exigiendo que se aplique la ley con rigor dada la visibilidad del personaje involucrado.
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La trayectoria profesional del “Patrón” se ha visto empañada constantemente por estos episodios personales que trascienden al ámbito jurídico internacional. Mientras la víctima recibe acompañamiento especializado, el sistema judicial mexicano enfrenta el reto de procesar un caso de alto perfil con total transparencia. Los próximos días serán decisivos para conocer si se vincula a proceso al luchador o si se dictan medidas cautelares alternativas durante la etapa de instrucción.