A través de una suma sin precedentes que alcanza los 480 millones de pesos, el Gobierno de la Ciudad de México logró formalizar 143 convenios de indemnización con casi la totalidad de los afectados por el estallido de un autotanque de gas LP en el puente de La Concordia. A tres meses del incidente ocurrido en Iztapalapa, la administración capitalina detalló que estos recursos están destinados a resarcir los daños sufridos por 144 víctimas, entre directas e indirectas, derivado de las gestiones realizadas con la empresa Silza, filial de Grupo Tomza.
Durante la presentación del balance de las indagatorias, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, puntualizó que la compañía ya ha desembolsado el 90 por ciento del monto total, lo que equivale a 429 millones de pesos entregados a quienes padecieron las consecuencias de la explosión que cobró la vida de 32 personas y dejó heridas a otras 63. En este acto, se anunció además la creación de una condecoración al valor ciudadano en honor a Alicia Matías Teodoro, quien falleció salvaguardando la integridad de su nieta durante el siniestro. Al respecto, la mandataria afirmó que, si bien el dinero no elimina el sufrimiento, la medida “hace justicia y garantiza la no impunidad”.
Por su parte, la fiscal Bertha Alcalde Luján especificó que, hasta la fecha, 127 damnificados han recibido sus pagos correspondientes, desglosando que 266 millones de pesos fueron para deudos de fallecidos, 136.5 millones para heridos y 27 millones para cubrir afectaciones materiales en comercios y viviendas. Las investigaciones, fundamentadas en más de 270 peritajes de 16 áreas distintas, concluyeron que la tragedia fue provocada por el exceso de velocidad y la falta de pericia del conductor, sumado a negligencias operativas de la firma transportista, descartando categóricamente fallas en la infraestructura vial, desperfectos mecánicos fortuitos o factores climáticos.
Finalmente, desde el sector salud, la secretaria Nadine Gasman confirmó que se mantiene el acompañamiento integral para los sobrevivientes, informando que una parte importante de los hospitalizados continúa en rehabilitación, recibiendo atención psicológica o en espera de procedimientos de cirugía plástica. Como medida preventiva para evitar futuras catástrofes, las autoridades adelantaron que en enero entrará en vigor una plataforma tecnológica para supervisar en tiempo real el traslado de sustancias de alto riesgo, iniciativa que se complementará con ajustes estrictos al Reglamento de Tránsito local.