Grupo Salinas ha amenazado con interponer una demanda en contra del Servicio de Administración Tributaria (SAT), y de quienes resulten responsables, al prever que en los próximos días la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fallará en su contra respecto a múltiples adeudos fiscales, algunos con más de 17 años de antigüedad.
Mediante un comunicado, el consorcio expresó: “Informamos que estamos evaluando interponer una demanda contra el SAT y quienes resulten responsables por su doloso silencio administrativo al habernos negado el derecho constitucional de petición”.
Este amago surge después de que el ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, rechazara la semana pasada aplazar la resolución de siete juicios fiscales de Tv Azteca y Elektra. Grupo Salinas había solicitado posponerlos alegando que había pedido al gobierno federal “ajustar” el monto de los adeudos. Esta fue la segunda ocasión en dos semanas recientes que las empresas de Ricardo Salinas Pliego intentaron frenar sus juicios. En total, la Corte tiene pendientes al menos ocho casos del Grupo Salinas (cinco de Elektra y dos de Azteca) por créditos fiscales que, según autoridades hacendarias, ascienden a un total de 48 mil 393 millones 975 mil 821 pesos, incluyendo multas, recargos y actualizaciones.
Grupo Salinas, que anticipa una resolución contraria a sus intereses en la SCJN, acusó la falta de garantías de audiencia, a pesar de que parte de sus adeudos le fue impuesta desde hace cuatro sexenios y ha podido alargar sus reclamos en tribunales desde entonces. Algunas de las deudas que el SAT reclama al consorcio datan de 2008, más de una década antes de que Ricardo Salinas Pliego, presidente del conglomerado, buscara un acuerdo fiscal con la administración entrante del expresidente Andrés Manuel López Obrador, el cual no prosperó.
En el comunicado difundido este domingo, Grupo Salinas confirmó que sus asuntos se presentaron en la lista oficial de la SCJN el viernes y que en ellos ya se puede ver el sentido de las resoluciones que el conglomerado considera opuestas a sus intereses. El consorcio señaló que estas resoluciones de la SCJN “no son definitivas”, por lo que sus empresas llevarán el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Al mismo tiempo, el grupo volvió a solicitar al SAT que calcule su carga de impuestos para que pueda liquidarla, una cifra que, según el gobierno, asciende a 74 mil millones de pesos.