Con el objetivo de enfrentar una forma emergente de agresión, el Congreso de la Ciudad de México aprobó reformas al Código Penal local para tipificar como delito los llamados “pinchazos” en espacios públicos, particularmente en el Sistema de Transporte Colectivo Metro. La sanción establecida será de dos a cinco años de prisión, con la posibilidad de incrementarse hasta en una mitad, dependiendo de ciertos agravantes.
La reforma, titulada “en materia de sumisión química por pinchazo”, fue impulsada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina. Durante su presentación, el diputado Alberto Martínez Urincho, de Morena y representante de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, subrayó la urgencia de adaptar el marco legal para atender nuevas expresiones delictivas que ponen en riesgo a la ciudadanía.
De acuerdo con lo aprobado, la pena aumentará si la sustancia inyectada es psicoactiva, narcótica, psicotrópica o tóxica; si compromete la vida o salud de la víctima; si se dirige contra personas menores de edad, mujeres, personas mayores, con discapacidad o de grupos prioritarios; si ocurre en medios de transporte público; si tiene como fin facilitar otros delitos; si participan dos o más agresores, o si el hecho ocurre en espacios cerrados o con acceso restringido.
Con estos elementos, la sanción podría alcanzar hasta 7.5 años de cárcel, en casos agravados.
El Congreso consideró que esta modificación legal responde a la necesidad de frenar prácticas que vulneran la integridad física y emocional de los usuarios del transporte público, especialmente de mujeres, y forma parte de un esfuerzo más amplio por garantizar su seguridad.