Luis Arturo, de 40 años fue comisario de la Policía Municipal en el pueblo mágico mientras que Gabriel Ángel, es expolicía, son relacionados por posesión de droga y otros delitos
Redacción Entorno Informativo
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, formuló imputación en contra del excomisario de la Policía Municipal de Magdalena de Kino, Luis Arturo, de 40 años, y el exagente municipal, Gabriel Ángel, de 28 años a quienes se impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada.
Los hechos derivan de dos cateos ejecutados el 21 y 22 de junio de 2025, respectivamente, donde las autoridades hallaron evidencia relacionada con el delito de posesión de metanfetamina con fines de comercio y atentado contra la seguridad de la comunidad.
Durante el primer cateo, realizado el 21 de junio en la calle Iturbide de la colonia San Felipe, se detuvo a Gabriel Ángel, expolicía municipal de Magdalena y vinculado extraoficialmente con un conocido generador de violencia, quien es buscado por las autoridades.
En su poder se aseguraron 20 envoltorios con droga crystal, un dron, así como varios vehículos: un Ford Interceptor modelo 2011, balizado como patrulla municipal, una camioneta GMC Envoy modelo 2002, un Honda Accord modelo 1999 y un Dodge Charger modelo 2007; además, se incautó equipo táctico variado, incluyendo grilletes, estrobos y uniformes con leyenda “Policía Municipal”.
En el segundo cateo, ejecutado el 22 de junio en la calle Villa Hermosa de la colonia Isssteson, se aprehendió a Luis Arturo, excomisario de la Policía Municipal de Magdalena y vinculado también a un conocido generador de violencia buscado por las autoridades.
Se le encontró en posesión de 39 con sustancia tipo crystal, un envoltorio con mariguana, un automóvil marca Ford, línea Taurus, modelo 2013, vestimenta y equipo táctico con leyenda “Policía Municipal”, cuatro radios de comunicación y dos teléfonos celulares.
Ambos imputados comparecieron ante el Juzgado Penal, donde se formuló imputación y el juez determinó que existían elementos suficientes para aplicar prisión preventiva justificada debido al riesgo de obstaculización del procedimiento y el peligro para la seguridad pública.