La Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó inconsistencias por un monto superior a 51 mil millones de pesos en la tercera entrega de la Cuenta Pública 2023. Dichas irregularidades corresponden al quinto año de la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador y son el resultado de la revisión de las tres cuentas públicas del año pasado.
Durante su comparecencia ante diputados, el titular de la ASF, David Colmenares Páramo, señaló que en el último informe se reporta un monto sin aclarar de más de 48 mil millones de pesos.
“La cifra es respecto al Sistema Subnacional de Gobierno y prácticamente el doble de la determinada en la Cuenta Pública pasada (…) esto se explica por la mejora de nuestros procedimientos de auditoría, pero principalmente por la implementación de nuevas tecnologías de la información e inteligencia artificial”, destacó.
En la matriz de datos básicos del Informe consolidado de la ASF, se indica que el monto sujeto a aclaraciones durante el seguimiento de las acciones asciende a 43 mil 206 millones de pesos. Asimismo, Colmenares Páramo informó que el monto recuperado hasta el momento es de 930 millones de pesos.
En relación con la fiscalización llevada a cabo por la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero, se determinó que más de 8 mil 599 millones de pesos requieren aclaración en el análisis de los recursos del sector público federal.
“De los cuales más del 80% de este monto se encuentra relacionado con entes como Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), IMSS, Pemex y Fonatur, por mencionar algunos”, explicó el auditor.
Detalló además que el 16% del monto corresponde a empresas productivas, subsidiarias y entidades de control directo del Estado, mientras que el 4% restante está vinculado a secretarías de Estado del gobierno federal.
En cuanto a las auditorías forenses, resaltó que, por primera vez, se están llevando a cabo en entes que históricamente no habían sido revisados con tal nivel de profundidad.
“Del orden federal destacan Diconsa, el Instituto Nacional de Migración, el IMSS y el INAI; en el orden estatal, poderes judiciales locales, dos universidades autónomas y los Servicios de Salud de dos entidades federativas”, puntualizó.
El auditor superior aseguró que mediante estas 29 auditorías de tipo forense se ha determinado un monto pendiente de aclaración por más de 6 mil 700 millones de pesos.
“Ahora bien, es de suma importancia tomar en consideración que todos los resultados con posible daño patrimonial pasan a una segunda etapa de fiscalización en la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación”, indicó Colmenares Páramo.
Subrayó que en esta fase se podrán aclarar las observaciones determinadas en el proceso de auditoría. En caso contrario, se dará inicio a investigaciones, presentación de denuncias penales y procedimientos resarcitorios en contra de los funcionarios responsables, según corresponda.