En medio de la creciente crisis de violencia que afecta a diversas regiones de México, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, propuso una estrategia enfocada en abordar la inseguridad de manera individual en cada estado. Su planteamiento, expresado a través de la red social X, generó diversas reacciones entre la opinión pública y expertos en el tema.
La sugerencia del mandatario salvadoreño surgió después de compartir una publicación que cuestionaba la comparación entre la situación de seguridad en su país, que cuenta con poco más de 21 mil kilómetros cuadrados de extensión, y la de México, cuyo territorio es significativamente mayor, con más de 9 millones de kilómetros cuadrados.
“He visto muchas publicaciones como esta y, la verdad, no entiendo la obsesión con El Salvador. Pero, en todo caso, 28 de los 32 estados de México tienen una población igual o menor a la de El Salvador. ¿Por qué, entonces, no pueden resolver el tema de la seguridad en un solo estado con menos habitantes que El Salvador, teniendo los recursos de un país con 130 millones de habitantes?” cuestionó Bukele, sugiriendo que la nación azteca podría combatir la criminalidad de manera focalizada, resolviendo la problemática “estado por estado”.
Bukele se ha hecho conocido a nivel mundial por la estricta política de seguridad que ha implementado en su país, caracterizada por una postura de cero tolerancia al crimen. Una de sus medidas más contundentes ha sido la creación del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una prisión de máxima seguridad destinada a albergar a miembros de grupos delictivos, en su mayoría pertenecientes a las denominadas “maras”.
El impacto de esta estrategia se ha reflejado en las cifras oficiales. En 2023, El Salvador registró solo 154 homicidios, en contraste con los más de 2,390 asesinatos reportados en 2019, cuando Bukele asumió el poder. Para el año 2024, el número de homicidios disminuyó a 114, de los cuales 112 fueron resueltos, lo que representa un índice de solución del 98.2%, de acuerdo con datos de la ONU.
Si bien los resultados han sido reconocidos a nivel internacional, la estrategia de seguridad del mandatario salvadoreño también ha sido objeto de fuertes críticas. Diversos organismos defensores de derechos humanos han señalado que las medidas impuestas bajo el régimen de excepción pueden vulnerar derechos fundamentales y establecer un precedente riesgoso para otros gobiernos, al justificar la restricción de libertades en nombre del orden público.