Propone senador Iván Jaimes iniciativa; Expuso que debido a la falta de cobertura de salud pública, unos 12.5 millones de mexicanos optan por comprar seguros lo que ha provocado aumentos excesivos en tarifas
Redacción Entorno Informativo
Para proteger los derechos de las y los asegurados, especialmente de los adultos mayores en la adquisición y cobertura de seguros privados, el Senador Iván Jaimes Archundia, propuso reformar la Ley de Instituciones y Seguros de Fianzas para regular los aumentos excesivos de tarifas evitando situaciones de abuso.
Según datos de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), 12.5 millones de mexicanos cuentan con algún tipo de seguro privado, lo que representa apenas el 10% de la población total, una cifra reducida considerando las limitaciones de la cobertura pública en materia de salud.
Hoy las aseguradoras enfrentan escasas regulaciones en cuanto a la presentación de tarifas, lo que ha ocasionado abusos en el aumento de precios, precisó el legislador sonorense.
“Es crucial defender a las personas aseguradas de posibles abusos por parte de estas entidades sin que ello implica mayor uso de recursos públicos, sino tan sólo regular la actividad”, aseguró Iván Jaimes en su iniciativa puesta a consideración en el Senado de la Republica.
En ese sentido el Senador Jaimes Archundia propone reformar el Artículo 162 de la Ley Sobre el Contrato de Seguro y el Artículo 200 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, estableciendo límites y precisiones necesarias para proteger a las personas aseguradas.
La propuesta busca regular los aumentos excesivos de tarifas con el siguiente criterio: los incrementos en los precios de los seguros para aquellos que hayan contratado el servicio de manera continua e ininterrumpida por más de 15 años, no podrán ser mayores al 10% del costo de la prima neta pagada en el año o periodo fraccionado anterior. Además, la empresa deberá ofrecer el servicio en el mismo nivel previamente contratado para el asegurado.
De igual forma, la Iniciativa plantea que los derechos de póliza no podrán ser incrementados de manera desproporcionada y jamás superarán el cinco por ciento de la cantidad pagada en el periodo anual o fraccionado anterior.