La comparecencia judicial del narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero, prevista para el viernes 18 de abril en una corte federal de Brooklyn, Nueva York, fue suspendida sin previo aviso público. En dicha audiencia se planeaba abordar un posible conflicto de intereses en la representación legal del acusado, quien enfrenta múltiples cargos criminales en Estados Unidos.
De acuerdo con el calendario oficial del juez Frederic Block, encargado del caso, no hay audiencia programada para esa fecha. Lo anterior confirma la cancelación del encuentro judicial donde se realizaría una llamada “audiencia Curcio”, procedimiento que permite al tribunal determinar si el acusado está al tanto de un posible conflicto de interés con su equipo de abogados y si consiente continuar con dicha representación.
Según reportó el periodista Arturo Ángel, esta situación motivó un cambio en el equipo defensor de Caro Quintero. En un inicio, el abogado de oficio Michael Vitaliano había sido asignado como principal defensor, con el respaldo de Elizabeth E. Macedonio. No obstante, Mark Steven de Marco, un abogado con sede en Nueva York, ha sido nombrado como el nuevo representante legal.
Durante la última audiencia realizada el 26 de marzo, el juez Block cuestionó a la fiscal Saritha Komatireddy —encargada de la investigación— sobre la posibilidad de que el gobierno estadounidense solicite la pena capital contra Caro Quintero, señalado como cofundador del extinto Cártel de Guadalajara. La fiscal respondió que es “una posibilidad”, pero aclaró que aún no se ha tomado una decisión definitiva.
Ante ello, el juez otorgó un plazo de 90 días para que la fiscalía determine si buscará o no la pena de muerte. La siguiente audiencia fue reprogramada para el próximo 25 de junio.
Rafael Caro Quintero, de 72 años, fue extraditado a Estados Unidos a finales de febrero junto con otros 28 presuntos narcotraficantes. En territorio estadounidense enfrenta cargos por tráfico de drogas, crimen organizado y posesión de armas de fuego. Además, permanece abierta una acusación en su contra en una corte de Los Ángeles, California, por su presunta responsabilidad en el asesinato del exagente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena, ocurrido en 1985.