La Comisión Nacional del Agua (Conagua) denunció que no pudo ejecutar completamente la recuperación de aproximadamente 700 mil metros cúbicos de agua retenida de forma ilegal por el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, quien construyó una presa, cinco represas y un pozo sin permisos ni concesiones en un rancho de su propiedad.
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó esta mañana que esa captación ilegal afecta directamente a la cuenca del acuerdo de 1944 con Estados Unidos, comprometiendo el abasto binacional. “Es el uso privado de un recurso nacional sin permiso, sin concesión”, puntualizó.
El director de Conagua, Efraín Morales, explicó que al iniciar la demolición de las obras de retención de agua, familiares de Duarte, que dijeron ser sus hermanos, consiguieron en 24 horas un amparo emitido por la jueza Madhay Soto Morales, quien también ha sido señalada previamente por frenar el reparto de libros de texto gratuitos en Chihuahua.
Duarte, detenido en Miami en julio de 2020, cumple prisión domiciliaria y enfrenta cargos por peculado y asociación delictuosa agravada. Este nuevo caso se suma a las denuncias en su contra.
Sheinbaum calificó el hecho como un abuso de poder y anunció que se presentará una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) tanto por el uso ilegal del agua como por la posible complicidad de funcionarios y actores judiciales.
“No se puede permitir que, en un lugar con escasez de agua y estrés hídrico, se acapare el recurso en beneficio privado, con el apoyo de una red de complicidades”, dijo la mandataria.
Durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, se mostraron fotografías del rancho de Duarte, donde se evidencia el tamaño de las obras hídricas clandestinas. Además del acaparamiento de aguas superficiales, Conagua detectó pozos ilegales en el lugar.
La mandataria reveló que este no es un caso aislado: Conagua ha realizado más de 2 mil verificaciones, de las cuales más de 250 han terminado en clausuras por irregularidades similares.
Finalmente, Sheinbaum subrayó que este caso refleja las prácticas de corrupción y abuso de poder de “la etapa neoliberal”, donde se mezclaban los intereses políticos y económicos para obtener beneficios personales, y reiteró que todos los implicados enfrentarán consecuencias legales.
El Gobierno Federal continúa con un proceso de ordenamiento de concesiones y recuperación del control del agua para garantizar que se respete el derecho humano al acceso al agua y se combatan prácticas que favorecen a unos cuantos en perjuicio de la mayoría.