El enfrentamiento entre las facciones de los “Mayos”, liderada por Ismael “El Mayo” Zambada, y los “Chapitos”, hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, ha sumido a Sinaloa en una crisis de violencia e incertidumbre que, tras 100 días, no muestra signos de detenerse. Este conflicto ha paralizado el comercio, afectado severamente los cultivos locales y dejado secuelas psicológicas en la población.
Desde el lunes 9 de septiembre, los habitantes de Culiacán, la capital del estado, han adoptado un inusual hábito: monitorear redes sociales y noticieros no para prever el clima, sino para determinar si es seguro salir de sus casas. La violencia desatada entre los grupos rivales ha dejado un saldo oficial de más de 600 muertos y 900 personas desaparecidas o “levantadas”.
El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ha minimizado la magnitud del conflicto al señalar que los hechos han sido “sacados de contexto” por los medios de comunicación. Sin embargo, las autoridades estatales y federales no han ofrecido una fecha estimada para el cese de las hostilidades, lo que ha incrementado el temor y la incertidumbre en la población.
El impacto de este enfrentamiento armado no se limita a las vidas humanas; las actividades económicas, especialmente el comercio y la agricultura, han sufrido graves afectaciones. Mientras tanto, los ciudadanos intentan adaptarse a una realidad en la que la violencia define sus rutinas diarias y donde el futuro inmediato es incierto.
